Las organizaciones de la sociedad civil respondieron con cautela, enfatizando que las liberaciones eran insuficientes. Estas organizaciones estiman que al menos 900 presos políticos permanecen en Venezuela. El régimen de Maduro ha negado sistemáticamente la existencia de presos políticos, refiriéndose a los liberados como ciudadanos.

Las elecciones de 2024, que desataron las protestas, han sido ampliamente criticadas por estar manipuladas a favor de Nicolás Maduro. Observadores internacionales y partidos de la oposición han citado irregularidades y falta de transparencia en el proceso electoral. Estados Unidos ha aumentado la presión militar sobre Venezuela, citando preocupaciones sobre el retroceso democrático y los abusos contra los derechos humanos.

Las liberaciones se produjeron en medio de las negociaciones en curso entre el gobierno de Maduro y los grupos de oposición, mediadas por actores internacionales. Estas conversaciones tienen como objetivo abordar la crisis política y garantizar elecciones libres y justas en el futuro. Sin embargo, el progreso ha sido lento y persisten profundas divisiones entre las partes.

La identidad de los liberados y los cargos específicos en su contra no quedaron claros de inmediato. Las organizaciones de derechos humanos están trabajando para verificar los nombres y garantizar su seguridad tras su liberación. La situación sigue siendo fluida y se esperan nuevos acontecimientos a medida que haya más información disponible.