Las reclamaciones de indemnización presentadas a los ayuntamientos en Gran Bretaña relacionadas con daños causados por baches aumentaron un 90 por ciento entre 2021 y 2024, según un análisis publicado por el grupo automovilístico RAC. El estudio, que examinó datos de 177 autoridades locales, reveló que, si bien las reclamaciones aumentaron significativamente durante el período de tres años, el número en realidad disminuyó en 2024 en comparación con 2023.

El análisis de RAC indicó que en 2024 se presentaron 53.015 reclamaciones de indemnización, un aumento sustancial con respecto a las 27.731 reclamaciones presentadas en 2021. Sin embargo, esta cifra representa una disminución con respecto a las 56.655 reclamaciones registradas en 2023. El estudio también encontró que solo el 26 por ciento de las reclamaciones presentadas en 2024 resultaron en un pago, y la indemnización promedio ascendió a 390 libras esterlinas.

Los baches se han convertido en una preocupación importante para los conductores en todo el Reino Unido, lo que ha provocado costosas facturas de reparación y posibles lesiones para pasajeros, ciclistas y peatones. El aumento de las reclamaciones refleja el deterioro del estado de las carreteras y la carga financiera que pesa sobre los automovilistas.

La Asociación de Gobiernos Locales (LGA, por sus siglas en inglés) atribuyó el aumento de los baches a la "presión cada vez mayor" sobre los presupuestos de los ayuntamientos, lo que limita su capacidad para mantener y reparar las superficies de las carreteras de manera eficaz. El Departamento de Transporte declaró que el gobierno está invirtiendo 7.300 millones de libras esterlinas en los próximos cuatro años para mejorar las superficies de las carreteras en todo el país.

RAC estima que la reparación típica de un bache puede ser un gasto significativo para los conductores. La discrepancia entre el número de reclamaciones y la tasa de pago sugiere que muchas reclamaciones son rechazadas, posiblemente debido a dificultades para probar la responsabilidad o cumplir con los umbrales legales requeridos. El debate en curso destaca la necesidad de una mayor inversión en el mantenimiento de las carreteras y una mejor coordinación entre las autoridades locales y el gobierno central para abordar la crisis de los baches de manera eficaz.