El domingo, protestas y enfrentamientos estallaron en las regiones costeras de Siria, marcando un resurgimiento de las tensiones sectarias tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad un año antes. Según informes, los disturbios incluyeron disparos dirigidos contra las fuerzas de seguridad sirias en la rotonda al-Azhari en Latakia y un ataque con granadas de mano contra la estación de policía al-Anaza en el distrito de Banias de la gobernación de Tartous.
Las protestas fueron organizadas principalmente por miembros de la minoría alauita, la misma secta a la que pertenecía al-Assad. Los manifestantes en Latakia, según informó Reuters, exigieron el federalismo y el fin de lo que describieron como asesinatos y violaciones contra los alauitas. Las protestas se produjeron tras la muerte de al menos ocho personas, cuyas circunstancias siguen siendo objeto de controversia.
Los disturbios ponen de relieve la frágil situación de seguridad en Siria y las profundas divisiones sectarias que siguen asolando a la nación. La comunidad alauita, que ostentaba un poder significativo bajo el mandato de Assad, se encuentra ahora en una posición precaria en medio del cambiante panorama político. Sus demandas de federalismo sugieren un deseo de mayor autonomía y protección dentro de un estado sirio reestructurado.
Las fuerzas de seguridad aún no han emitido una declaración oficial sobre los incidentes en Latakia y Banias. Sin embargo, fuentes dentro del gobierno sirio, hablando en condición de anonimato, indicaron que se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de los ataques y evaluar el alcance de los disturbios.
Los acontecimientos en las regiones costeras de Siria suscitan preocupación por la posibilidad de una mayor escalada e inestabilidad. Los analistas sugieren que las protestas podrían envalentonar a otros grupos minoritarios a expresar sus quejas y exigir mayores derechos. El futuro de Siria sigue siendo incierto mientras el país lidia con el legado del conflicto y los desafíos de construir un nuevo orden político. Las próximas semanas serán críticas para determinar si el gobierno puede abordar las preocupaciones de la comunidad alauita y prevenir más violencia.
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