En el otoño de 2018, altos líderes sirios convocaron una reunión en el palacio presidencial de Bashar al-Assad para discutir estrategias para ocultar pruebas de fosas comunes e instalaciones de tortura en medio de crecientes filtraciones, según dos personas informadas sobre la reunión. La reunión, a la que asistieron jefes de las agencias de seguridad sirias, se centró en métodos para encubrir mejor sus huellas, y un funcionario, Kamal Hassan, que dirigía una infame rama de la policía secreta de Siria, propuso la eliminación de las identidades de los sirios que murieron en prisiones secretas de los registros oficiales.

La reunión destaca los esfuerzos del régimen de Assad para gestionar y suprimir información sobre presuntos abusos contra los derechos humanos. Según fuentes, el objetivo principal era eliminar cualquier rastro documental que pudiera implicar al gobierno en la muerte de prisioneros. La estrategia consistía en borrar nombres y datos personales de las bases de datos oficiales, eliminando efectivamente la existencia de estas personas de los registros estatales.

Las acusaciones provienen de una investigación de un año de duración realizada por periodistas que analizaron miles de páginas de documentos y entrevistaron a docenas de ex funcionarios de la era de Assad. Estas fuentes proporcionaron información sobre el funcionamiento interno del gobierno sirio y las medidas adoptadas para ocultar pruebas de atrocidades. La investigación también reveló detalles sobre la extensa red de prisiones secretas y centros de detención donde miles de sirios han sido presuntamente torturados y asesinados.

El gobierno sirio ha negado sistemáticamente las acusaciones de abusos sistemáticos contra los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Anteriormente, los funcionarios han desestimado los informes sobre fosas comunes e instalaciones de tortura como propaganda destinada a socavar la legitimidad del régimen de Assad. Los medios de comunicación estatales han presentado las acciones del gobierno como medidas necesarias para combatir el terrorismo y mantener la estabilidad frente a las amenazas internas y externas.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado durante mucho tiempo violaciones generalizadas de los derechos humanos en Siria, incluidas la detención arbitraria, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Estas organizaciones han pedido investigaciones independientes sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, e instan a la comunidad internacional a responsabilizar a los responsables. Las Naciones Unidas también han establecido mecanismos para recopilar y preservar pruebas de los crímenes cometidos en Siria, con el objetivo de futuros enjuiciamientos.

Los presuntos esfuerzos de encubrimiento subrayan los desafíos para responsabilizar al gobierno sirio por sus acciones. La destrucción de registros y la intimidación de posibles testigos complican los esfuerzos para reunir pruebas y construir casos legales. Sin embargo, los esfuerzos internacionales para documentar e investigar los presuntos crímenes continúan, con la esperanza de que los responsables sean llevados ante la justicia.