A partir del jueves, entraron en vigor nuevas restricciones en la compra de ciertos alimentos con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental. Estos estados son los primeros de al menos 18 en promulgar exenciones que prohíben el uso de fondos SNAP para artículos como refrescos y dulces.

Las restricciones forman parte de una iniciativa encabezada por el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que insta a los estados a eliminar los alimentos considerados no saludables del programa federal de $100 mil millones. El programa, comúnmente conocido como cupones de alimentos, atiende a 42 millones de estadounidenses. Kennedy declaró en diciembre: "No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear".

El objetivo de la iniciativa es reducir las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, que a menudo están relacionadas con las bebidas azucaradas y los alimentos procesados. Esto se alinea con el esfuerzo de Kennedy "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable".

Sin embargo, representantes de la industria minorista y expertos en políticas de salud han expresado su preocupación por la preparación de los programas estatales SNAP para implementar estos cambios, particularmente a la luz de las limitaciones presupuestarias existentes. Algunos expertos advierten sobre posibles desafíos logísticos y consecuencias no deseadas.

El programa SNAP, un componente clave de la red de seguridad social de EE. UU., proporciona a personas y familias de bajos ingresos asistencia financiera para comprar alimentos. Las regulaciones del programa se determinan a nivel federal, pero los estados tienen cierta flexibilidad en la administración de los beneficios.

Las exenciones implementadas por estos estados representan un cambio significativo en la forma en que se pueden usar los beneficios de SNAP. Si bien los defensores argumentan que estas restricciones promoverán hábitos alimenticios más saludables entre los beneficiarios de SNAP, los críticos expresan su preocupación por las posibles cargas para las familias de bajos ingresos y la posibilidad de una mayor inseguridad alimentaria.

Los efectos a largo plazo de estas restricciones en la salud pública y el programa SNAP están por verse. Se esperan nuevos desarrollos a medida que los estados restantes implementen exenciones similares y a medida que las partes interesadas evalúen el impacto de estos cambios en los beneficiarios de SNAP y el sistema alimentario en general.