Israel está a punto de revocar las licencias de 37 organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) que operan en Gaza y la Cisjordania ocupada, alegando que no han cumplido con las nuevas regulaciones de registro. La suspensión, que entrará en vigor el 1 de enero, exigirá a las organizaciones afectadas, entre ellas ActionAid, el Comité Internacional de Rescate, Médicos Sin Fronteras y el Consejo Noruego para Refugiados, que cesen sus operaciones en un plazo de 60 días.
Las autoridades israelíes declararon que las ONGI no proporcionaron datos personales "completos" de su personal, entre otros requisitos. Las ONGI argumentan que proporcionar dicha información podría poner en peligro a su personal.
La decisión ha suscitado la condena de diez países, que advirtieron de las graves consecuencias para el acceso a los servicios esenciales en la región. En una declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza destacaron el papel crucial de las ONGI en la respuesta humanitaria en Gaza. Consideraron "inaceptable" cualquier intento de obstaculizar sus operaciones y añadieron: "Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes a la escala necesaria". El jefe humanitario de la Unión Europea se hizo eco de estas preocupaciones.
La revocación de las licencias se produce en un contexto de continuas tensiones entre Israel y las organizaciones internacionales que operan en los territorios palestinos. Israel ha mantenido durante mucho tiempo que algunas organizaciones están sesgadas en su contra y ha acusado a algunas de apoyar o estar vinculadas a grupos terroristas, acusaciones que las organizaciones niegan rotundamente. Estas acusaciones han alimentado debates sobre el equilibrio entre las preocupaciones de seguridad de Israel y la necesidad de ayuda humanitaria en la región.
Gaza, en particular, se enfrenta a una grave situación humanitaria, exacerbada por años de bloqueo y conflicto. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han advertido repetidamente del deterioro de las condiciones de vida en el territorio, donde la mayoría de la población depende de la asistencia humanitaria. Cisjordania también se enfrenta a desafíos relacionados con la actual ocupación israelí y las restricciones a la circulación y el acceso.
Las nuevas normas de registro y su aplicación son consideradas por algunos como parte de un esfuerzo más amplio de Israel para ejercer un mayor control sobre las actividades de las organizaciones internacionales que operan en la región. Los críticos argumentan que estas medidas restringirán aún más el flujo de ayuda y socavarán los esfuerzos para abordar las necesidades humanitarias de la población palestina. La situación sigue siendo fluida y la comunidad internacional está vigilando de cerca el impacto potencial de la revocación de las licencias sobre el terreno.
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