A partir del 1 de enero de 2026, Israel suspenderá los permisos a más de tres docenas de organizaciones de ayuda que operan en Gaza, alegando su incumplimiento de los nuevos requisitos de transparencia, según anunciaron el martes las autoridades israelíes. Se espera que la medida exacerbe la ya crítica situación humanitaria de los palestinos en el enclave devastado por la guerra.

Según funcionarios israelíes, las organizaciones que se enfrentan a la suspensión no cumplieron con el plazo obligatorio para proporcionar información detallada sobre su personal, las fuentes de financiación y las actividades operativas dentro de Gaza. El Ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, declaró que los nuevos requisitos son esenciales para garantizar la rendición de cuentas y evitar que la ayuda se desvíe a destinatarios no deseados.

La decisión se produce en medio de la continua preocupación por la distribución de la asistencia humanitaria en Gaza, que ha sido devastada por el conflicto. Las organizaciones de ayuda han estado luchando para satisfacer las necesidades de la población, enfrentándose a desafíos relacionados con el acceso, la seguridad y las limitaciones logísticas. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han pedido repetidamente un mayor acceso humanitario a Gaza y que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario.

El gobierno israelí no ha hecho públicas las identidades específicas de las organizaciones afectadas por la prohibición. Sin embargo, el anuncio ha suscitado críticas por parte de los grupos humanitarios, que argumentan que los nuevos requisitos son excesivamente onerosos y dificultarán aún más su capacidad para prestar ayuda a los necesitados. Algunas organizaciones sostienen que compartir información detallada sobre el personal podría poner en riesgo a sus empleados.

La prohibición suscita preocupación por el posible impacto en la prestación de servicios esenciales, como la atención sanitaria, la alimentación y el alojamiento, a la población de Gaza. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que operan en la región, han destacado anteriormente la grave escasez de suministros médicos y las dificultades para prestar una atención sanitaria adecuada ante el conflicto en curso.

El gobierno israelí sostiene que las nuevas regulaciones son necesarias para evitar que la ayuda caiga en manos de Hamás, el grupo militante que controla Gaza. Los críticos argumentan que las medidas son desproporcionadas y, en última instancia, perjudicarán a la población civil. La situación sigue siendo fluida, y no está claro si las organizaciones afectadas podrán cumplir los nuevos requisitos a tiempo para evitar la suspensión. La comunidad internacional está siguiendo de cerca la situación, y muchos instan a Israel a reconsiderar su decisión y a trabajar con las organizaciones de ayuda para garantizar la continuidad de la prestación de asistencia humanitaria a Gaza.