La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que representan a investigadores médicos anunciaron el lunes que llegaron a un acuerdo con el gobierno federal en una demanda relacionada con solicitudes de subvenciones de investigación rechazadas en virtud de una política que posteriormente fue anulada por los tribunales. El acuerdo, que está a la espera de la aprobación judicial, exige que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) reinicien las revisiones de las subvenciones previamente bloqueadas debido a objeciones ideológicas planteadas durante la administración Trump.
Si bien el acuerdo no garantiza la financiación de las subvenciones, asegura que se someterán al proceso de revisión por pares estándar, un paso crucial en la asignación de fondos científicos. Estas subvenciones fueron rechazadas inicialmente sin revisión basándose en la oposición ideológica de la administración Trump a su contenido. La política que condujo a estos rechazos fue posteriormente declarada "arbitraria y caprichosa" y en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, una decisión confirmada por la Corte Suprema.
Las subvenciones rechazadas cubrieron una variedad de áreas de investigación médica, incluidos estudios sobre salud reproductiva, atención de afirmación de género y el impacto de factores ambientales en los resultados de salud. Expertos de la comunidad médica expresaron su preocupación de que el rechazo inicial de estas subvenciones obstaculizara el progreso científico y potencialmente retrasara importantes avances médicos. "El proceso de revisión por pares es esencial para garantizar que la financiación de la investigación se asigne a los proyectos más prometedores y científicamente sólidos", afirmó la Dra. Emily Carter, profesora de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, que no participó directamente en la demanda. "Eludir este proceso basándose en motivos ideológicos socava la integridad de la investigación científica".
La demanda argumentaba que la política de la administración Trump violaba los principios de independencia científica y libertad académica. Los demandantes sostuvieron que la política creó un efecto escalofriante en los investigadores, disuadiéndolos de seguir ciertas líneas de investigación. La ACLU, en representación de los investigadores, afirmó que las acciones del gobierno tenían motivaciones políticas y carecían de una base científica.
El acuerdo marca una victoria significativa para la comunidad científica y subraya la importancia de proteger la investigación de la interferencia política. Se espera que los NIH anuncien un cronograma para el proceso de revisión reiniciado en las próximas semanas. Los investigadores cuyas subvenciones fueron rechazadas previamente tendrán la oportunidad de actualizar sus solicitudes y volver a presentarlas para su consideración. El resultado de estas revisiones determinará si los proyectos de investigación reciben la financiación necesaria para continuar.
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