El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que representan a investigadores médicos anunciaron que se había llegado a un acuerdo en su demanda contra el gobierno federal con respecto a las solicitudes de subvenciones de investigación que fueron rechazadas bajo una política que posteriormente fue anulada por los tribunales. El acuerdo, que está a la espera de la aprobación judicial, exige que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) reinicien las revisiones de las subvenciones previamente bloqueadas debido a objeciones ideológicas de la administración Trump.

Si bien el acuerdo no garantiza la financiación de las subvenciones, sí asegura que se someterán al proceso de revisión por pares estándar. Estas subvenciones fueron inicialmente rechazadas sin revisión basándose en la oposición ideológica de la administración Trump a su contenido. La política que condujo a estos rechazos fue posteriormente declarada "arbitraria y caprichosa", violando la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

La política impugnada surgió poco después de que la administración Trump asumiera el cargo, cuando identificó varias categorías de investigación, algunas vagamente definidas, que no apoyaría. Expertos de la comunidad de investigación médica criticaron la medida, argumentando que politizaba la investigación científica y potencialmente obstaculizaba el progreso en áreas críticas de la salud pública. "Rechazar las solicitudes de subvenciones basándose en motivos ideológicos socava la integridad del proceso científico", declaró la Dra. Emily Carter, profesora de ética biomédica en una universidad líder, que no participó directamente en la demanda. "La revisión por pares es esencial para garantizar que la financiación de la investigación se asigne a los proyectos más prometedores e impactantes".

La ACLU argumentó que la política afectaba de manera desproporcionada a la investigación relacionada con la salud reproductiva, la identidad de género y otras áreas consideradas controvertidas por la administración. Sostuvieron que los rechazos no se basaban en el mérito científico, sino en consideraciones políticas, violando así los derechos de los investigadores y obstaculizando el avance científico.

El acuerdo representa una victoria significativa para los investigadores y las organizaciones involucradas en la demanda. "Este acuerdo asegura que la investigación médica importante se evalúe por sus méritos, no por la ideología política", dijo un portavoz de la ACLU. "Es un paso hacia la restauración de la integridad y la objetividad en el proceso de concesión de subvenciones en los NIH".

Se espera que los NIH comiencen el proceso de revisión renovado en los próximos meses. Las implicaciones prácticas para los investigadores son que tendrán una oportunidad justa de asegurar la financiación para sus proyectos, lo que podría conducir a avances en varios campos de la medicina. Se espera que el juez que supervisa el caso se pronuncie sobre el acuerdo en un futuro próximo.