Israel se prepara para revocar las licencias de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que operan en Gaza y Cisjordania ocupada, alegando que no han cumplido con las nuevas regulaciones de registro. La suspensión, que entrará en vigor el 1 de enero, exigirá a las organizaciones afectadas, entre ellas ActionAid, International Rescue Committee, Médicos Sin Fronteras y el Consejo Noruego para Refugiados, que cesen sus operaciones en un plazo de 60 días.

Las autoridades israelíes declararon que las ONG internacionales no proporcionaron detalles personales "completos" de su personal, entre otros requisitos. Las ONG argumentan que proporcionar dicha información podría poner en peligro a su personal.

Diez países han condenado la decisión, advirtiendo de las graves consecuencias que tendrá en la prestación de servicios esenciales. En una declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza destacaron el papel crucial que desempeñan las ONG internacionales en la respuesta humanitaria en Gaza, considerando "inaceptable" cualquier intento de obstaculizar sus operaciones. La declaración afirmaba además que, sin estas organizaciones, sería imposible satisfacer las necesidades urgentes a la escala requerida.

El jefe de la ayuda humanitaria de la Unión Europea se hizo eco de estas preocupaciones, destacando el impacto potencial en la ya vulnerable población de Gaza. La revocación de licencias suscita preocupación por la reducción del espacio para la acción humanitaria en la región, una tendencia observada a nivel mundial en la que los gobiernos restringen cada vez más las operaciones de las ONG.

La medida del gobierno israelí se produce en medio de un mayor escrutinio de las organizaciones internacionales que operan en la región. Israel ha mantenido durante mucho tiempo que algunas ONG están sesgadas en su contra y promueven agendas antiisraelíes, acusaciones que las organizaciones niegan rotundamente. Las nuevas normas de registro, según funcionarios israelíes, tienen por objeto garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sector.

La decisión ha suscitado un debate en el seno de la comunidad internacional, y algunos sostienen que se trata de un ejercicio legítimo de soberanía, mientras que otros la consideran un intento deliberado de sofocar las críticas y limitar el acceso humanitario a las poblaciones vulnerables. Las Naciones Unidas también han expresado su preocupación, instando a Israel a reconsiderar la decisión y a garantizar que las organizaciones humanitarias puedan seguir realizando su vital labor sin trabas.

Se espera que la revocación de licencias exacerbe la ya de por sí grave situación humanitaria en Gaza, donde un gran porcentaje de la población depende de la ayuda internacional para cubrir sus necesidades básicas. El impacto se sentirá con mayor intensidad en los grupos vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Las próximas semanas serán críticas, ya que las organizaciones afectadas analizarán las implicaciones de la decisión y explorarán opciones para continuar su labor en la región.