El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está retirando las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, lo que marca un cambio en la política después de enfrentar desafíos legales a los despliegues. Trump anunció la decisión el miércoles en una publicación en Truth Social, afirmando que el crimen se había reducido significativamente debido a la presencia de la Guardia Nacional, a pesar de los fallos judiciales que limitan sus operaciones.

La medida se produce después de meses de controversia en torno al despliegue de fuerzas federales en estas ciudades lideradas por demócratas, lo que Trump argumentó que era necesario para combatir las crecientes tasas de criminalidad y los disturbios civiles. Los críticos, sin embargo, acusaron al presidente de usar la Guardia Nacional para reprimir la disidencia y obtener réditos políticos antes de las próximas elecciones. Los despliegues provocaron protestas generalizadas, y muchos residentes vieron la presencia de tropas federales como una extralimitación del poder ejecutivo y una violación de los derechos de los estados.

El uso de fuerzas federales en las ciudades de EE. UU. tiene una historia compleja, a menudo entrelazada con cuestiones de raza, derechos civiles y federalismo. Durante el Movimiento por los Derechos Civiles de la década de 1960, por ejemplo, la Guardia Nacional fue desplegada para hacer cumplir las órdenes de desegregación frente a la resistencia de las autoridades estatales y locales. Más recientemente, la Guardia Nacional se ha utilizado para responder a desastres naturales, disturbios civiles y amenazas a la seguridad, pero tales despliegues suelen ocurrir a petición de los gobernadores estatales.

La situación en los EE. UU. ha atraído la atención internacional, y algunos observadores establecen paralelismos con el uso de la fuerza militar para sofocar los disturbios internos en otros países. En muchas naciones, el despliegue del ejército dentro de las propias fronteras de un país se ve con sospecha, lo que genera preocupación por la erosión de las libertades civiles y el potencial de abuso de poder. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han pedido moderación y respeto por los derechos de reunión pacífica y protesta.

Si bien Trump declaró que la Guardia Nacional está siendo retirada, el cronograma exacto y el alcance de la retirada siguen sin estar claros. Los desafíos legales a los despliegues están en curso, y es posible que el tema pueda ser revisado en el futuro. Es probable que el debate sobre el papel del gobierno federal en el mantenimiento del orden público en las ciudades de EE. UU. continúe, particularmente en el período previo a las próximas elecciones.