El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que representan a investigadores médicos anunciaron que se había llegado a un acuerdo en su demanda contra el gobierno federal con respecto a las solicitudes de subvenciones de investigación que fueron rechazadas bajo una política que posteriormente fue anulada por los tribunales. El acuerdo, que está a la espera de la aprobación del juez que preside el caso, requeriría que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) reinicien las revisiones de las solicitudes de subvenciones previamente bloqueadas debido a objeciones ideológicas de la administración Trump.

El acuerdo no garantiza la financiación de las subvenciones, pero asegura que se someterán al proceso estándar de revisión por pares, un paso fundamental para garantizar el rigor y el mérito científico. Las subvenciones habían sido rechazadas sin esta revisión estándar porque su contenido se consideró ideológicamente objetable por la administración anterior. Esta política fue posteriormente declarada "arbitraria y caprichosa" y en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, una decisión confirmada por la Corte Suprema.

Las subvenciones rechazadas cubrían una variedad de áreas de investigación médica, incluidos estudios sobre salud reproductiva, atención de afirmación de género y el impacto de factores ambientales en los resultados de salud. Expertos en la comunidad médica expresaron su preocupación de que el rechazo inicial de estas subvenciones basado en motivos ideológicos podría haber obstaculizado significativamente el progreso científico y potencialmente retrasado avances médicos cruciales. "El proceso de revisión por pares es esencial para garantizar que la financiación de la investigación se asigne a los proyectos más prometedores y científicamente sólidos", afirmó la Dra. Emily Carter, profesora de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, que no participó directamente en la demanda. "Omitir este proceso socava la integridad de la investigación científica y puede tener graves consecuencias para la salud pública".

La administración Trump, poco después de asumir el cargo, identificó varias categorías de investigación, algunas definidas vagamente, que no apoyaría. Esto llevó al rechazo de numerosas solicitudes de subvenciones sin la revisión científica estándar, lo que generó preocupaciones sobre la interferencia política en las decisiones de financiación científica. La demanda argumentó que esta política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las agencias gubernamentales sigan los procedimientos establecidos y proporcionen explicaciones razonadas para sus decisiones.

La ACLU, en representación de los demandantes, argumentó que la política tuvo un efecto inhibidor en la investigación científica y socavó la misión de los NIH de avanzar en el conocimiento y mejorar la salud pública. "Este acuerdo es una victoria para la integridad científica y el principio de que las decisiones de financiación de la investigación deben basarse en el mérito científico, no en la ideología política", dijo una declaración emitida por la ACLU.

El estado actual del acuerdo está pendiente de aprobación judicial. Si se aprueba, los NIH comenzarán el proceso de volver a revisar las solicitudes de subvenciones afectadas. El resultado de estas revisiones y si las subvenciones finalmente se financiarán está por verse.