Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) impactan significativamente tanto a los inmigrantes indocumentados como a los ciudadanos estadounidenses, lo que plantea interrogantes legales sobre la autoridad de la agencia, según Nayna Gupta, Directora de Políticas del American Immigration Council. En una entrevista reciente en Centre Stage de Al Jazeera, Gupta analizó las complejidades de los procedimientos operativos de ICE y sus consecuencias de gran alcance.

Gupta explicó que el mandato de ICE implica hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de los Estados Unidos, lo que incluye identificar, aprehender y deportar a personas que se encuentran en el país sin autorización legal. Estas operaciones a menudo involucran la colaboración con las agencias locales de aplicación de la ley, lo que genera preocupaciones sobre la discriminación racial y la erosión de la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas del orden. "La amplia autoridad que se le ha otorgado a ICE, y cómo se utiliza esa autoridad, tiene un efecto escalofriante en las comunidades", afirmó Gupta. "La gente tiene miedo de denunciar delitos, de buscar atención médica o de enviar a sus hijos a la escuela".

La base legal de la autoridad de ICE proviene de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que otorga al gobierno federal amplios poderes para regular la inmigración. Sin embargo, la interpretación e implementación de estas leyes ha sido objeto de impugnaciones legales, particularmente en lo que respecta a los derechos al debido proceso y la separación de poderes. Gupta destacó que muchas acciones de ICE, como las redadas en el lugar de trabajo y la detención prolongada, han sido criticadas por violar las protecciones constitucionales.

El impacto de las operaciones de ICE se extiende más allá de los inmigrantes indocumentados, afectando a las familias y comunidades estadounidenses. Gupta señaló que muchos ciudadanos estadounidenses tienen familiares que son indocumentados, y la amenaza de deportación puede causar importantes dificultades emocionales y financieras. Además, la deportación de trabajadores puede perturbar las economías locales, particularmente en las industrias que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.

El American Immigration Council aboga por una reforma migratoria integral que proporcione una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y aborde las causas fundamentales de la migración. Gupta enfatizó la necesidad de políticas que sean a la vez humanas y eficaces, equilibrando la seguridad fronteriza con la protección de los derechos humanos. "Necesitamos alejarnos de un sistema que prioriza la aplicación de la ley sobre la unidad familiar y la estabilidad económica", argumentó Gupta. "Un enfoque más sensato sería crear un sistema que reconozca las contribuciones de los inmigrantes y les brinde una oportunidad justa para convertirse en ciudadanos".

A partir de enero de 2026, el debate sobre el papel y la autoridad de ICE sigue siendo un tema polémico en la política estadounidense. Los desafíos legales a las prácticas de ICE están en curso, y los grupos de defensa están impulsando reformas legislativas que limitarían el poder de la agencia y brindarían mayores protecciones a los inmigrantes. El futuro de las operaciones de ICE probablemente dependerá del resultado de estas batallas legales y políticas, así como de la evolución de las actitudes públicas hacia la inmigración.