Los ataques nocturnos contra Venezuela, el secuestro de su líder, Nicolás Maduro, y su esposa, y la declaración del presidente Donald Trump de que Estados Unidos dirigiría el país y vendería su petróleo, han sido ampliamente condenados como una flagrante violación del derecho internacional y las normas globales. Las acciones, que tuvieron lugar a principios de 2026, han provocado indignación internacional y han suscitado preocupación por la creciente "Putinización" de la política exterior estadounidense, según los analistas.

La acción militar estadounidense contra Venezuela se produjo tras un período de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, marcado por las acusaciones estadounidenses de corrupción, abusos contra los derechos humanos y prácticas antidemocráticas bajo el liderazgo de Maduro. La administración Trump había impuesto previamente sanciones a funcionarios y entidades venezolanas, buscando presionar a Maduro para que renunciara. Sin embargo, la intervención militar representa una escalada significativa de la política estadounidense.

"Trump ha estado conduciendo convoyes de excavadoras a través del derecho internacional desde que asumió el cargo hace casi un año, y ahora es sobre todo un naufragio", escribió Julian Borger, corresponsal internacional sénior, en un análisis posterior a los acontecimientos.

El término "Putinización" se refiere a un cambio percibido hacia un enfoque más asertivo y unilateral de la política exterior, que recuerda a las acciones del presidente ruso Vladimir Putin en el escenario internacional. Los críticos argumentan que la intervención estadounidense en Venezuela es un reflejo de las intervenciones de Rusia en países como Ucrania y Georgia, donde Moscú ha sido acusado de violar el derecho internacional y socavar la soberanía de los estados vecinos.

El gobierno venezolano ha condenado las acciones estadounidenses como un acto de agresión y una violación de su soberanía. Maduro, antes de su secuestro, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que denunciara la intervención estadounidense y apoyara el derecho de Venezuela a la autodeterminación.

La respuesta de la comunidad internacional ha sido mixta. Algunos países, en particular los alineados con Estados Unidos, han expresado su apoyo a la intervención, argumentando que es necesaria para restaurar la democracia y la estabilidad en Venezuela. Otros, incluidos Rusia y China, han condenado enérgicamente las acciones estadounidenses como una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz y la seguridad mundiales.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia para discutir la situación en Venezuela, pero no está claro si el consejo podrá llegar a un consenso sobre un curso de acción. Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, lo que podría impedir cualquier resolución que condene sus acciones.

El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Estados Unidos ha declarado su intención de establecer un gobierno de transición y supervisar nuevas elecciones. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo permanecerá la presencia militar estadounidense en Venezuela y qué papel desempeñará en el futuro político del país. La intervención ha planteado serias preguntas sobre el futuro de la política exterior estadounidense y el papel del derecho internacional en el siglo XXI.