Una nueva ley considerada entre las más estrictas de los Estados Unidos en materia de privacidad de datos entró en vigor en California a principios de año, con el objetivo de empoderar a los residentes para que controlen su información personal en poder de los corredores de datos. La Agencia de Protección de la Privacidad de California estima que más de 500 empresas recopilan y venden activamente datos de personas a diversas entidades, incluidos los profesionales del marketing y los investigadores privados.

Consumer Watchdog informó en 2024 que estos corredores recopilan información de diversas fuentes, como fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y cadenas de comida rápida, y compilan datos sobre las finanzas, las compras, la situación familiar, los hábitos alimenticios, las rutinas de ejercicio, los viajes y las preferencias de entretenimiento de las personas. La nueva ley se basa en la Ley de Eliminación (Delete Act), promulgada dos años antes, que obligaba a los corredores de datos a proporcionar a los residentes acceso a sus datos y la posibilidad de solicitar su eliminación.

La ley de California refleja una creciente tendencia mundial hacia regulaciones de protección de datos más estrictas. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, implementado en 2018, sentó un precedente para las leyes integrales de privacidad de datos, otorgando a las personas un control significativo sobre sus datos personales e imponiendo fuertes multas por incumplimiento. Desde entonces, se han promulgado leyes similares en países de todo el mundo, incluidos Brasil (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e India (Personal Data Protection Bill).

Si bien los defensores de la ley de California argumentan que es un paso crucial para proteger la privacidad del consumidor, algunos analistas de la industria expresan su preocupación por su posible impacto en las empresas que dependen de los datos para el marketing y la publicidad. Argumentan que las regulaciones excesivamente estrictas podrían sofocar la innovación y limitar la capacidad de las empresas para personalizar los servicios para los consumidores. Aún está por verse la eficacia de la ley para frenar las actividades de los corredores de datos y sus consecuencias económicas más amplias.