Los demandantes, entre ellos el diputado Almameh Gibba, argumentan que la prohibición viola la libertad religiosa. Gibba presentó anteriormente un proyecto de ley al parlamento para legalizar la MGF, pero fue rechazado. Activistas y abogados consideran que el actual recurso legal forma parte de una tendencia global más amplia de erosión de la protección de los derechos de la mujer.

Gambia prohibió la MGF en 2015, imponiendo severas sanciones a quienes realicen o faciliten la práctica. A pesar de la prohibición, la MGF sigue prevaleciendo en el país. Según UNICEF, casi el 75% de las mujeres en Gambia han sido sometidas a alguna forma de MGF, a menudo durante la infancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la MGF como todos los procedimientos que implican la alteración o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas. Se reconoce internacionalmente como una violación de los derechos humanos.

El caso cobró renovada urgencia después de que dos bebés murieran en Gambia el año pasado por complicaciones relacionadas con la MGF. Estas muertes provocaron indignación pública y llamamientos a una aplicación más estricta de la prohibición. Se han producido manifestaciones tanto a favor como en contra de la prohibición, lo que pone de manifiesto las profundas divisiones dentro de la sociedad gambiana sobre el tema. Manifestantes a favor de la MGF fueron vistos frente al parlamento gambiano en Banjul a principios de este año.

Fatou Baldeh, fundadora de la organización gambiana de derechos Women in Liberation Leadership, considera que el recurso legal es un revés para los derechos de la mujer en el país. Argumenta que la MGF no tiene beneficios para la salud y puede provocar complicaciones graves, como infecciones, infertilidad y la muerte.

Se espera que el caso ante el Tribunal Supremo continúe este mes. El resultado podría tener importantes implicaciones para el futuro de los derechos de la mujer en Gambia y podría influir en debates similares en otros países donde se practica la MGF. Las Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales de derechos humanos están siguiendo de cerca la situación.