El caso judicial se reanudó este mes, tras la muerte de dos bebés el año pasado que fallecieron desangradas después de someterse a la MGF. Almameh Gibba, el diputado involucrado en la impugnación, presentó anteriormente un proyecto de ley para despenalizar la MGF, pero fue rechazado en el parlamento. Fuera del edificio del parlamento en Banjul, manifestantes a favor de la MGF se manifestaron en apoyo de la anulación de la prohibición.

La MGF, que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas, es una práctica cultural profundamente arraigada en muchas partes de África, Asia y Oriente Medio. En Gambia, casi el 75% de las mujeres se han sometido al procedimiento, a menudo durante la infancia. La práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, que causa graves problemas de salud, incluyendo infecciones, infertilidad y complicaciones durante el parto.

Activistas y abogados ven el desafío legal como parte de una tendencia global de erosión de las protecciones de género. Fatou Baldeh, fundadora de la organización de derechos gambiana Women in Liberation Leadership, es una de las que cree que el caso es un revés para los derechos de las mujeres.

Gambia prohibió la MGF en 2015, imponiendo sanciones a quienes realicen o faciliten la práctica. Sin embargo, la aplicación ha sido inconsistente y el apoyo a la MGF sigue siendo fuerte en algunas comunidades. La decisión del Tribunal Supremo tendrá importantes implicaciones para el futuro de los derechos de las mujeres en Gambia y podría sentar un precedente para otros países que se enfrentan a problemas similares. Se espera que el tribunal dicte su fallo en las próximas semanas.