La acción legal se produce tras un trágico incidente el año pasado en el que dos bebés murieron por complicaciones relacionadas con la MGF. Almameh Gibba, el diputado involucrado en el caso, presentó anteriormente un proyecto de ley al parlamento buscando despenalizar la MGF, pero fue rechazado.

La MGF, que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas, es una práctica cultural profundamente arraigada en muchas partes de África, Asia y Oriente Medio. Según UNICEF, se estima que más de 200 millones de niñas y mujeres que viven hoy en día han sido sometidas a alguna forma de MGF. En Gambia, casi el 75% de las mujeres han sido sometidas a esta práctica, a menudo durante la infancia.

Activistas y organizaciones de derechos humanos están condenando el intento de revocar la prohibición, argumentando que tendría consecuencias devastadoras para las mujeres y niñas gambianas. Fatou Baldeh, fundadora de la organización de derechos gambiana Women in Liberation Leadership, considera el desafío legal como parte de una reacción más amplia contra los derechos de las mujeres a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la MGF como una violación de los derechos humanos, citando sus graves riesgos para la salud, incluyendo hemorragias, infecciones, dolor crónico y trauma psicológico. Organismos internacionales como las Naciones Unidas han pedido repetidamente la eliminación de la MGF en todo el mundo.

Gambia prohibió la MGF en 2015, imponiendo sanciones a quienes realizan o facilitan la práctica. Se espera que el caso judicial actual continúe este mes, con una sentencia que podría tener implicaciones significativas para el futuro de los derechos de las mujeres en Gambia y potencialmente influir en debates similares en otros países donde la MGF sigue siendo prevalente. El resultado está siendo seguido de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres en todo el mundo.