Un legislador de Utah propuso esta semana un proyecto de ley que aplicaría un impuesto a los sitios pornográficos que operan dentro del estado, reavivando el debate sobre la regulación del contenido para adultos y su posible impacto en la libertad de expresión. El senador estatal Calvin Musselman, republicano, presentó el proyecto de ley, que impondría un impuesto del 7 por ciento sobre los ingresos totales procedentes de ventas, distribuciones, membresías, suscripciones, actuaciones y contenidos considerados perjudiciales para los menores que se produzcan, vendan, filmen, generen o tengan su base en Utah.

Si se aprueba, el proyecto de ley entraría en vigor en mayo y también exigiría a los sitios para adultos el pago de una tasa anual de 500 dólares a la Comisión Tributaria Estatal. Según la legislación, los ingresos generados por el impuesto se asignarían al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah para reforzar el apoyo a la salud mental de los adolescentes. Musselman no respondió a las solicitudes de comentarios.

La propuesta llega en medio de una creciente tendencia de leyes de verificación de edad destinadas a restringir el acceso a contenido para adultos, que, según algunos expertos de la industria, están desmantelando la industria para adultos e infringiendo los derechos de libertad de expresión en Internet. Este impulso legislativo refleja un movimiento más amplio dentro del conservadurismo estadounidense para imponer regulaciones más estrictas sobre el contenido para adultos. En septiembre, Alabama implementó medidas similares, lo que indica un cambio en el panorama político con respecto a la industria del entretenimiento para adultos.

La industria del entretenimiento para adultos, un mercado global multimillonario, se ha enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio y la regulación. El impacto económico de la industria es sustancial, ya que proporciona empleo y genera ingresos a través de varios canales, incluidas las plataformas en línea, las productoras y los servicios relacionados. Sin embargo, las preocupaciones sobre la explotación, la salud pública y el impacto potencial en los menores han alimentado los debates en curso sobre su regulación.

Los críticos del proyecto de ley argumentan que puede enfrentar desafíos legales por motivos constitucionales, citando posibles violaciones de la Primera Enmienda. Sostienen que la imposición de impuestos específicamente sobre el contenido para adultos podría considerarse discriminatoria y un intento de censurar el discurso protegido. Se espera que el debate en torno al proyecto de ley continúe a medida que avanza en el proceso legislativo, con la participación de las partes interesadas de ambos lados en su posible impacto.