Un legislador de Utah propuso esta semana un proyecto de ley que aplicaría un impuesto a los sitios pornográficos que operan dentro del estado, reavivando los debates sobre la libertad de expresión y el futuro de la industria del entretenimiento para adultos. El senador estatal Calvin Musselman, republicano, presentó el proyecto de ley, que impondría un impuesto del 7 por ciento sobre los ingresos totales procedentes de ventas, distribuciones, membresías, suscripciones, actuaciones y contenidos considerados perjudiciales para los menores. El impuesto se aplicaría al material producido, vendido, filmado, generado o basado de otro modo en Utah.

Si se aprueba, el proyecto de ley entraría en vigor en mayo y exigiría a los sitios para adultos el pago de una tasa anual de 500 dólares a la Comisión Estatal de Impuestos. Según la legislación, los ingresos generados por el impuesto se asignarían al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah para reforzar el apoyo a la salud mental de los adolescentes. Musselman no respondió a las solicitudes de comentarios.

La propuesta llega en medio de una ola de leyes de verificación de edad que están remodelando la industria para adultos y suscitando preocupación por la libertad de expresión en línea. Una nueva era del conservadurismo estadounidense ha visto un aumento de los llamamientos de los legisladores a favor de restricciones más estrictas sobre el contenido para adultos. En septiembre, Alabama se convirtió en el primer estado en exigir la verificación de la edad para acceder a los sitios web para adultos.

La industria del entretenimiento para adultos, un actor importante en la economía digital, se ha enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio y a los retos normativos. El impuesto propuesto en Utah añade otra capa de complejidad, que podría afectar a la rentabilidad y a las estrategias operativas de la industria dentro del estado. El impacto cultural del contenido para adultos y su accesibilidad ha sido un tema recurrente de debate, con defensores que abogan por la libertad individual y críticos que expresan su preocupación por los posibles daños, en particular a los menores.

El futuro del proyecto de ley sigue siendo incierto mientras avanza en el proceso legislativo. Se prevén impugnaciones legales, y es probable que los opositores argumenten que el impuesto es inconstitucional y que infringe los derechos de libertad de expresión. El resultado de esta batalla legislativa podría sentar un precedente para otros estados que estén considerando medidas similares.