El 29 de diciembre de 2025, el gobierno indio implementó una prohibición generalizada de las redes privadas virtuales (VPN) en Cachemira, una medida que, según los residentes, está exacerbando la angustia psicológica. Las VPN, que enmascaran la dirección del protocolo de Internet (IP) de un usuario al enrutar el tráfico web a través de un servidor remoto, habían sido utilizadas por los cachemires para eludir las restricciones de Internet y mantener una comunicación segura en línea.

Basit Banday, un profesional de TI que trabaja para una empresa con sede en Pune, le dijo a Al Jazeera que la prohibición ha afectado significativamente su capacidad para realizar su trabajo. Banday, que maneja datos confidenciales de atención médica, explicó que las VPN eran cruciales para garantizar la protección de los datos contra fugas y ataques cibernéticos. "Sin una VPN, siento que estoy exponiendo a los clientes de mi empresa a riesgos innecesarios", dijo.

La prohibición es la última de una serie de restricciones de Internet impuestas en Cachemira, una región que ha experimentado frecuentes cortes de Internet en los últimos años. Los críticos argumentan que estas restricciones son una forma de control digital y una violación de los derechos fundamentales. "La prohibición de Internet de la India es un apartheid digital", declaró un grupo de Cachemira, refiriéndose a apagones de Internet prolongados anteriores.

La justificación del gobierno para la prohibición de las VPN se centra en preocupaciones de seguridad nacional, alegando que las VPN pueden utilizarse para facilitar actividades ilegales y difundir información errónea. Sin embargo, los residentes argumentan que la prohibición afecta de manera desproporcionada a los ciudadanos y las empresas comunes. La imposibilidad de acceder a la información y comunicarse de forma segura en línea se suma a las ansiedades y frustraciones existentes en la región, dicen.

Los expertos de la industria señalan que la prohibición de las VPN podría tener implicaciones más amplias para el sector de TI en Cachemira, lo que podría obstaculizar las operaciones comerciales y desalentar la inversión. La prohibición afecta no solo a los usuarios individuales, sino también a las organizaciones que dependen de las VPN para la transmisión segura de datos y el acceso remoto.

El estado actual de la prohibición sigue vigente, sin que el gobierno indique cuándo podría levantarse. Los residentes y los grupos de defensa están explorando desafíos legales a la prohibición, argumentando que infringe sus derechos a la privacidad y la libertad de expresión. La situación continúa evolucionando, con posibles impactos en la economía y el tejido social de la región.