El senador estadounidense Mark Kelly presentó una demanda el lunes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., contra el Departamento de Defensa, el Secretario de Defensa Pete Hegseth, el Departamento de la Marina y el Secretario de la Marina John Phelan, alegando una campaña de represalias punitivas que violó sus derechos de libertad de expresión. La demanda afirma que las acciones tomadas contra Kelly, un senador demócrata de Arizona y veterano, tenían la intención de silenciarlo y potencialmente a otros veteranos en el futuro.

Kelly anunció la demanda en una declaración en las redes sociales, enfatizando la importancia de defender los derechos de aquellos que han servido en el ejército. "Presenté una demanda contra el Secretario de Defensa porque hay pocas cosas tan importantes como defender los derechos de los mismos estadounidenses que lucharon para defender nuestras libertades", escribió Kelly.

La demanda se produce en medio de un mayor escrutinio de las acciones de Kelly en el Congreso. El Pentágono anunció previamente que estaba investigando al senador por supuestas órdenes ilegales, aunque los detalles de esas órdenes no se han hecho públicos. La acción legal también sigue a las acusaciones de sedición formuladas contra Kelly por algunos oponentes políticos.

El Departamento de Defensa aún no ha emitido una respuesta formal a la demanda. El caso plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la supervisión gubernamental, los derechos de libertad de expresión de los funcionarios electos y el posible efecto inhibidor en los veteranos que pueden dudar en expresar sus opiniones por temor a represalias.

La demanda ahora está entrando en la fase de presentación de pruebas, donde ambas partes reunirán pruebas y se prepararán para un posible juicio. Los expertos legales sugieren que el caso podría depender de la demostración de un vínculo directo entre el discurso de Kelly y las supuestas acciones de represalia por parte del Departamento de Defensa y la Marina. El resultado del caso podría tener amplias implicaciones para la relación entre el ejército y los funcionarios electos, particularmente aquellos con antecedentes militares.