Fiscales en Corea del Sur han solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, quien está acusado de liderar una insurrección en diciembre de 2024. La solicitud se realizó durante los alegatos finales en el juicio de Yoon en Seúl, donde se le acusa de intentar imponer un régimen militar.

La fiscalía argumentó que Yoon fue el "cabecilla de una insurrección", un acto que sumió al país en una agitación política a pesar de durar solo unas horas, según el corresponsal en Seúl, Jake Kwon. Posteriormente, Yoon fue destituido por el parlamento y detenido para enfrentar el juicio.

Yoon ha negado los cargos, afirmando que su declaración de la ley marcial fue meramente un acto simbólico destinado a resaltar la supuesta mala conducta del partido de la oposición.

El cargo de liderar una insurrección conlleva una posible pena de muerte o cadena perpetua según la ley surcoreana. Los fiscales están legalmente obligados a solicitar una de estas penas cuando juzgan a un acusado por insurrección. Sin embargo, Corea del Sur no ha llevado a cabo una ejecución en casi 30 años; la última ejecución ocurrió en 1996 cuando el exdictador militar Chun Doo-hwan fue ejecutado.

El juicio y la posible aplicación de la pena de muerte plantean complejas cuestiones legales y éticas. El caso destaca las continuas tensiones entre el poder político, la responsabilidad legal y el precedente histórico en Corea del Sur. La decisión del tribunal tendrá importantes implicaciones para el panorama político del país y su enfoque para lidiar con los líderes acusados de abusar de su poder.

Se espera que el tribunal emita su veredicto en las próximas semanas. La decisión será observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, ya que podría sentar un precedente sobre cómo Corea del Sur maneja los casos de presunta mala conducta presidencial e intentos de subvertir los procesos democráticos.