Noem afirmó en un comunicado que "temporal significa temporal" y que permitir que ciudadanos somalíes permanezcan en los EE. UU. era "contrario a nuestros intereses nacionales". Además, enfatizó la prioridad de la administración de "poner a los estadounidenses primero". La decisión afecta a un número significativo de ciudadanos somalíes que han residido en los EE. UU. bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que brinda refugio temporal a personas de países que experimentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

El TPS se otorgó inicialmente a los somalíes en 1991 debido a la guerra civil en curso y la crisis humanitaria en su país de origen. La designación se ha extendido varias veces a lo largo de los años, lo que permite a los somalíes elegibles vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. La decisión de la administración Trump de rescindir el TPS para Somalia se alinea con su política más amplia de reducir la inmigración y reforzar la seguridad fronteriza. Se han tomado medidas similares con respecto a las designaciones de TPS para otros países, incluidos El Salvador, Haití y Nicaragua.

Los críticos de la decisión la han condenado como un ataque despiadado y políticamente motivado contra inmigrantes vulnerables. Argumentan que las condiciones en Somalia siguen siendo precarias, con violencia, inestabilidad y una grave crisis humanitaria en curso. Los defensores de los refugiados somalíes sostienen que devolver a las personas a Somalia las expondría a riesgos y dificultades importantes. Además, algunos críticos han acusado a la administración Trump de utilizar las rescisiones de TPS como una herramienta para reducir el número total de inmigrantes en los Estados Unidos, independientemente de las circunstancias específicas de cada país.

El anuncio se produce en medio de otras políticas de inmigración controvertidas de la administración Trump, incluidas declaraciones sobre la revocación de la ciudadanía de inmigrantes naturalizados condenados por fraude. Estas políticas han suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos legales, quienes argumentan que socavan los principios fundamentales del debido proceso y la igualdad de protección ante la ley. El futuro de los somalíes afectados por esta decisión sigue siendo incierto, ya que se enfrentan a la perspectiva de regresar a un país que aún se enfrenta a desafíos importantes. Se anticipan impugnaciones legales a la rescisión del TPS para Somalia.