Las protestas en Irán, inicialmente provocadas por quejas económicas, se intensificaron hasta convertirse en disturbios generalizados durante un período de 17 días, marcando la agitación más significativa de la nación en los últimos años. El gobierno iraní atribuyó la violencia a la instigación extranjera, mientras que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió repetidas amenazas de una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos.

Los disturbios comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, con manifestaciones centradas en el aumento de los precios de los alimentos y el desempleo. Estas protestas se extendieron rápidamente a otras ciudades, incluidas Teherán, Isfahán y Shiraz, evolucionando hasta incluir demandas políticas más amplias, como llamamientos a mayores libertades y al fin de la corrupción gubernamental. Según informes de organizaciones de derechos humanos, las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas con una fuerza cada vez mayor, lo que provocó numerosas víctimas y arrestos. Amnistía Internacional informó que al menos 100 personas murieron durante las protestas, aunque el gobierno iraní disputó esta cifra.

El gobierno iraní, liderado por el líder supremo Ali Khamenei, acusó a potencias extranjeras, particularmente a Estados Unidos e Israel, de alimentar los disturbios. "Los enemigos de Irán están utilizando dinero, armas, política y aparatos de inteligencia para crear problemas a la República Islámica", declaró Khamenei en un discurso televisado el 8 de enero de 2026. Estas acusaciones fueron desestimadas por el Departamento de Estado de EE. UU., que emitió una declaración apoyando los derechos del pueblo iraní a protestar pacíficamente.

Las protestas se produjeron en un contexto de dificultades económicas en Irán, exacerbadas por las sanciones internacionales y la mala gestión interna. La moneda del país, el rial, se había depreciado significativamente en los últimos años, lo que provocó un aumento de la inflación y una disminución del nivel de vida. La situación se complicó aún más por la actual pandemia de COVID-19, que tensó el sistema de salud y la economía del país.

La comunidad internacional reaccionó a las protestas con una mezcla de preocupación y condena. La Unión Europea pidió moderación a todas las partes e instó al gobierno iraní a respetar los derechos de sus ciudadanos a la reunión pacífica y la libertad de expresión. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por los informes de violencia y pidió una investigación independiente sobre los hechos.

Al 14 de enero de 2026, las protestas habían disminuido en gran medida, aunque continuaron manifestaciones esporádicas en algunas áreas. El gobierno iraní mantuvo una fuerte presencia de seguridad en todo el país e implementó medidas para restringir el acceso a Internet y las plataformas de redes sociales. El impacto a largo plazo de las protestas en el panorama político y económico de Irán seguía siendo incierto, pero los analistas sugirieron que podrían conducir a una mayor presión sobre el gobierno para abordar las quejas subyacentes de la población.