Bost, junto con otros candidatos, inició el desafío legal contra la ley de Illinois que permite a los funcionarios electorales contar los votos por correo que lleguen hasta dos semanas después del día de las elecciones, siempre que tengan matasellos del día de las elecciones. Muchos estados han promulgado leyes similares que prevén un período de gracia para la devolución de las papeletas enviadas por correo para dar cabida a posibles retrasos del servicio postal u otros problemas imprevistos.

El Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, afirmando que "los candidatos tienen un interés concreto" en las leyes que rigen las elecciones y, por lo tanto, el derecho a impugnarlas. El fallo aclara los criterios para que los candidatos presenten impugnaciones legales relacionadas con los procedimientos electorales.

El caso abordó específicamente la cuestión de si las leyes electorales perjudican directamente a los candidatos hasta el punto de que tengan derecho a demandar. La decisión del Tribunal Supremo establece que los candidatos sí tienen legitimación para ello, lo que les permite presentar impugnaciones antes de que se celebren las elecciones, en lugar de esperar a que se determinen los resultados.

El impacto de la sentencia podría ser de gran alcance, abriendo potencialmente la puerta a que los candidatos impugnen una gama más amplia de leyes electorales en todo el país. Esto podría incluir leyes relacionadas con la identificación de los votantes, los requisitos de inscripción y otros aspectos de la administración electoral. Los argumentos de los magistrados disidentes y los detalles específicos de la ley de Illinois no estaban disponibles de inmediato. Se espera que las implicaciones de esta sentencia en futuros litigios relacionados con las elecciones sean significativas.