Más de 300.000 personas han sido desplazadas recientemente en Mozambique desde julio debido a la expansión de la insurgencia del Estado Islámico, lo que genera preocupación sobre la capacidad del gobierno para resolver el conflicto. La violencia en curso se ha sumado a la ya grave crisis humanitaria, con más de 1 millón de personas desplazadas en total, muchas de las cuales se han visto obligadas a huir varias veces.

La insurgencia, liderada por Estado Islámico-Mozambique, una filial del grupo principal del EI en Oriente Medio, comenzó en octubre de 2017 con ataques en Mocímboa da Praia, en la provincia de Cabo Delgado, situada en el noreste del país. El grupo inicialmente atrajo reclutas de jóvenes locales descontentos, explotando las quejas relacionadas con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en la región. Cabo Delgado es rica en recursos naturales, como gas natural y rubíes, pero la población local ha visto pocos beneficios de esta riqueza.

El conflicto se ha caracterizado por una creciente violencia contra civiles, incluidas decapitaciones, secuestros y la destrucción de aldeas. Las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos han documentado abusos generalizados contra los derechos humanos cometidos tanto por los insurgentes como por las fuerzas gubernamentales. La situación se complica aún más por la participación de actores extranjeros, incluida una intervención militar ruandesa que ha tenido un éxito limitado en sofocar la insurgencia.

La crisis en Mozambique ha recibido comparativamente poca atención internacional, eclipsada por los conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán. Esto ha provocado una disminución de la ayuda exterior, lo que ha exacerbado los desafíos que enfrentan las organizaciones humanitarias para brindar asistencia a la población desplazada. La falta de atención internacional también permite que el conflicto se agrave, lo que podría desestabilizar la región en general.

Ni el ejército mozambiqueño ni la intervención ruandesa han logrado contener por completo la insurgencia. Los analistas sugieren que se necesita un enfoque más integral, que aborde las causas profundas del conflicto, incluidas la pobreza, la desigualdad y la falta de gobernanza. Cada vez hay más llamamientos para que se aumente el apoyo internacional, no solo en términos de ayuda humanitaria, sino también en términos de asistencia para el desarrollo y cooperación en materia de seguridad. El futuro sigue siendo incierto para la población desplazada, y muchos viven en campamentos superpoblados y dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir.