El régimen de Maduro, que no reconoce la existencia de presos políticos, dijo que los 99 ciudadanos fueron liberados en las primeras horas del día de Navidad. Organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con cautela a la noticia, enfatizando que las liberaciones eran insuficientes y que un número significativo de presos políticos permanecen en el país. Estas organizaciones estiman que al menos 900 presos políticos siguen detenidos.

Se cree ampliamente que las elecciones de 2024 fueron manipuladas por Nicolás Maduro, lo que provocó protestas generalizadas y detenciones posteriores. Las liberaciones se producen en un momento en que Venezuela enfrenta una creciente presión militar por parte de Estados Unidos, aunque la naturaleza específica de esta presión no se detalló en el anuncio. La declaración del gobierno enmarcó las liberaciones como una demostración de su compromiso con los derechos humanos a pesar de las presiones externas.

Los críticos de la administración de Maduro lo han acusado durante mucho tiempo de utilizar la detención arbitraria para reprimir la disidencia y mantener el poder. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado numerosos casos de presos políticos recluidos en duras condiciones y sometidos a juicios injustos. El gobierno ha negado sistemáticamente estas acusaciones, manteniendo que los detenidos estaban involucrados en actividades delictivas o representaban una amenaza para la seguridad nacional.

La liberación de los 99 individuos representa la mayor acción de este tipo en lo que va del año, según el gobierno venezolano. Sin embargo, la continua detención de cientos más sigue siendo un punto de discordia y una fuente de preocupación para los defensores de los derechos humanos tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional. La situación está en curso y se esperan nuevos acontecimientos a medida que las organizaciones de la sociedad civil continúan abogando por la liberación de todos los presos políticos.