Varias naciones sudamericanas experimentaron un cambio significativo hacia un liderazgo conservador y de extrema derecha durante el año 2025, impulsado en gran medida por la preocupación de los ciudadanos por el aumento de las tasas de criminalidad. Este cambio ideológico coincidió con una mayor presencia militar y presión política por parte de la administración Trump en la región.

El auge de líderes de derecha en Sudamérica refleja una creciente demanda pública de una aplicación de la ley más estricta y medidas de seguridad más sólidas. El cambio se produce en medio de una ansiedad generalizada por la delincuencia, que se ha convertido en un tema central en el discurso político en todo el continente.

El Secretario de Estado Marco Rubio, en una declaración hecha justo antes de Navidad, defendió el aumento de la actividad de Estados Unidos en la región. "El objetivo aquí es brindar seguridad y estabilidad", declaró Rubio, destacando el enfoque de la administración en abordar las causas fundamentales de la inestabilidad que contribuyen a la actividad delictiva.

La realineación política en Sudamérica también ha complicado la relación de la región con Estados Unidos. Si bien algunos líderes dan la bienvenida a una mayor cooperación en materia de seguridad, otros expresan preocupación por una posible extralimitación de Estados Unidos y el impacto en la soberanía nacional. El enfoque de la administración Trump ha atraído tanto apoyo como críticas, polarizando aún más el panorama político.

La tendencia hacia una gobernanza de derecha es evidente en los resultados electorales recientes, donde los candidatos que prometen una postura dura contra el crimen han ganado una tracción significativa. Estos líderes se han comprometido a implementar sanciones más estrictas para los delincuentes, aumentar la presencia policial en áreas de alta criminalidad y fortalecer los controles fronterizos para combatir las organizaciones criminales transnacionales.

Las implicaciones a largo plazo de este giro a la derecha aún están por verse. Algunos analistas predicen una mayor estabilidad regional y una mejor seguridad, mientras que otros advierten sobre posibles abusos contra los derechos humanos y un retroceso de las normas democráticas. Los próximos años serán cruciales para determinar si estos nuevos enfoques abordan eficazmente la delincuencia al tiempo que se defienden las libertades fundamentales.