El presidente Donald Trump inició cambios significativos en el Departamento de Justicia (DOJ) durante el primer año de su segundo mandato, lo que generó preocupaciones sobre la erosión de la independencia fiscal. Los cambios comenzaron el primer día de su mandato, con instrucciones al DOJ destinadas a poner fin a la "instrumentalización" del poder fiscal, según un comunicado emitido por la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

Los críticos argumentan que estos cambios han llevado a la priorización de objetivos partidistas sobre la justicia imparcial. El concepto tradicional de "independencia fiscal", que sostiene que las investigaciones y los enjuiciamientos deben permanecer libres de influencia política, ahora está bajo escrutinio. Si bien el DOJ es parte del poder ejecutivo, históricamente ha operado con un grado de autonomía para garantizar la aplicación imparcial de la ley federal.

"La preocupación es que el DOJ ahora se está utilizando como una herramienta para atacar a oponentes políticos y proteger a aliados", dijo Sarah Chen, analista legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en una entrevista el 28 de diciembre de 2025. "Esto socava la integridad del sistema de justicia y erosiona la confianza pública".

La administración defiende sus acciones afirmando la necesidad de corregir lo que percibe como abusos de poder pasados dentro del DOJ. Los funcionarios argumentan que las administraciones anteriores habían permitido que los sesgos políticos influyeran en las decisiones fiscales, lo que llevó a un señalamiento injusto de individuos y organizaciones.

El impacto de estos cambios se ha sentido en varios sectores. Los expertos legales notan un cambio en los tipos de casos que se persiguen, con un mayor énfasis en las investigaciones relacionadas con el presunto fraude electoral y las amenazas percibidas a la seguridad nacional. Simultáneamente, algunas investigaciones sobre posibles irregularidades por parte de personas conectadas con la administración, según informes, se han estancado o desestimado.

El estado actual del DOJ refleja un departamento que lidia con divisiones internas y escrutinio externo. Varios fiscales de carrera han renunciado o han sido reasignados, citando preocupaciones sobre la interferencia política. Se espera que el Congreso celebre audiencias a principios de 2026 para investigar las acusaciones de influencia partidista dentro del DOJ y evaluar las implicaciones a largo plazo para el estado de derecho. El resultado de estas audiencias podría conducir a esfuerzos legislativos destinados a reforzar la independencia del Departamento de Justicia.