El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones que representan a investigadores médicos anunciaron un acuerdo en su demanda contra el gobierno federal con respecto a las solicitudes de subvenciones de investigación que fueron rechazadas bajo una política que posteriormente fue anulada por los tribunales. El acuerdo, que está a la espera de la aprobación judicial, exige que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) reinicien las revisiones de las subvenciones previamente bloqueadas debido a objeciones ideológicas planteadas durante la administración Trump.

Si bien el acuerdo no garantiza la financiación de estas subvenciones, sí asegura que se someterán al proceso estándar de revisión por pares. Estas subvenciones fueron inicialmente rechazadas sin revisión basándose en la oposición ideológica de la administración Trump a su contenido. La política que condujo a estos rechazos fue posteriormente declarada "arbitraria y caprichosa", violando la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta decisión fue finalmente confirmada por la Corte Suprema.

La política impugnada surgió poco después de que la administración Trump asumiera el cargo, identificando varias categorías de investigación, algunas vagamente definidas, que no apoyaría. Expertos en la comunidad de investigación médica expresaron su preocupación de que esta política obstaculizara el progreso científico y potencialmente retrasara avances críticos en la comprensión y el tratamiento de enfermedades. "El rechazo de subvenciones basado en motivos ideológicos, en lugar del mérito científico, socava la integridad del proceso de investigación", declaró la Dra. Emily Carter, profesora de ética biomédica en la Universidad Johns Hopkins, que no participó directamente en la demanda. "Es crucial que las decisiones de financiación de la investigación estén impulsadas por la evidencia y el potencial para mejorar la salud pública".

La demanda argumentaba que la política de la administración afectaba de manera desproporcionada áreas de investigación como la salud reproductiva, la identidad de género y el cambio climático, donde la administración mantenía fuertes posturas ideológicas. La ACLU sostuvo que la política violaba los derechos de la Primera Enmienda de los investigadores y sofocaba la libertad académica.

El acuerdo representa una victoria significativa para los investigadores que sintieron que su trabajo fue injustamente atacado. El restablecimiento del proceso de revisión por pares ofrece una oportunidad para que estos proyectos sean evaluados por sus méritos científicos. "Este acuerdo es un paso en la dirección correcta", dijo una declaración emitida por la ACLU. "Asegura que la investigación médica importante no se vea marginada debido a consideraciones políticas".

Ahora se le ha encomendado al NIH la tarea de desarrollar un plan para reevaluar las solicitudes de subvención afectadas. El cronograma para este proceso de revisión aún no se ha determinado, pero se espera que el tribunal supervise el progreso del NIH para garantizar el cumplimiento del acuerdo de conciliación. Se espera que el juez que supervisa el caso se pronuncie sobre la aprobación del acuerdo en las próximas semanas.