El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones dirigidas a cuatro empresas y sus buques petroleros asociados, presuntamente involucrados en el transporte de petróleo venezolano. La medida forma parte de una continua campaña de presión por parte de la administración Trump contra la industria petrolera del país sudamericano.
Según el Departamento del Tesoro, las entidades sancionadas están acusadas de facilitar actividades sancionables, incluida la evasión de sanciones, y de generar ingresos para lo que el gobierno de EE. UU. describe como un régimen desestabilizador liderado por Nicolás Maduro. Estados Unidos ha calificado al gobierno de Maduro como un régimen "narcoterrorista", acusándolo de buscar desestabilizar a los EE. UU.
Las sanciones congelan cualquier activo que las empresas y los buques petroleros puedan tener dentro de la jurisdicción de los EE. UU. y, en general, prohíben a las personas estadounidenses negociar con ellos. El Departamento del Tesoro no divulgó de inmediato los nombres o países de origen de las empresas sancionadas.
Estas sanciones representan el último esfuerzo de los EE. UU. para aislar económicamente a Venezuela, con el objetivo de cortar las fuentes de ingresos al gobierno de Maduro. Estados Unidos ha impuesto previamente sanciones a funcionarios venezolanos, a la empresa petrolera estatal PDVSA y a otras entidades involucradas en el sector petrolero del país.
Venezuela posee las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, pero su producción se ha desplomado en los últimos años debido a la mala gestión, la corrupción y el impacto de las sanciones estadounidenses. El gobierno de Maduro ha dependido cada vez más de una "flota fantasma" de buques para eludir las sanciones y continuar exportando petróleo, principalmente a países como China y Cuba.
Las acciones de Estados Unidos se producen en medio de la continua agitación política y económica en Venezuela. El país enfrenta hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y un éxodo masivo de sus ciudadanos. Estados Unidos y otros países reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.
Es probable que las sanciones tensen aún más la economía de Venezuela y exacerben la crisis humanitaria. Sin embargo, queda por verse si lograrán el objetivo estadounidense de derrocar a Maduro del poder. El gobierno venezolano ha denunciado sistemáticamente las sanciones como ilegales y una violación del derecho internacional. Los efectos a largo plazo de estas sanciones en el pueblo venezolano y el panorama político del país siguen siendo inciertos.
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