El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que representan a investigadores médicos anunciaron que se había llegado a un acuerdo en su demanda contra el gobierno federal con respecto a las solicitudes de subvenciones de investigación que fueron rechazadas bajo una política que posteriormente fue anulada por los tribunales. El acuerdo, que está a la espera de la aprobación judicial, requeriría que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) reinicien las revisiones de las subvenciones previamente bloqueadas debido a objeciones ideológicas planteadas durante la administración Trump.

El acuerdo no garantiza la financiación de las subvenciones, pero asegura que se someterán al proceso estándar de revisión por pares. Estas subvenciones fueron inicialmente rechazadas sin revisión basándose en la oposición ideológica de la administración Trump a su contenido. La política que condujo a estos rechazos fue posteriormente declarada "arbitraria y caprichosa" y en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

Las subvenciones de investigación rechazadas cubrieron una variedad de temas médicos, incluyendo estudios sobre salud reproductiva, atención de afirmación de género y el impacto de factores ambientales en los resultados de salud. Expertos en la comunidad médica expresaron su preocupación de que el rechazo inicial de estas subvenciones obstaculizara el progreso científico y potencialmente retrasara los avances en la atención al paciente. La Dra. Emily Carter, profesora de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, declaró que "las decisiones sobre la financiación de la investigación impulsadas ideológicamente pueden tener un efecto paralizador en la investigación científica y, en última instancia, perjudicar la salud pública".

La administración Trump, poco después de asumir el cargo, identificó varias categorías de investigación, algunas definidas de manera amplia, que pretendía restringir. Los críticos argumentaron que estas restricciones tenían motivaciones políticas y carecían de justificación científica. La ACLU, junto con otros grupos de defensa, presentó la demanda, argumentando que la política de la administración violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las agencias gubernamentales sigan los procedimientos establecidos y proporcionen explicaciones razonadas para sus decisiones.

El acuerdo marca un paso significativo hacia la restauración de la integridad científica en el proceso de revisión de subvenciones. Una vez aprobado por el juez, el NIH comenzará el proceso de reevaluación de las solicitudes de subvenciones previamente rechazadas. Los investigadores cuyas subvenciones se vieron afectadas tendrán la oportunidad de actualizar sus propuestas para reflejar cualquier nuevo desarrollo en sus respectivos campos. El resultado del proceso renovado de revisión por pares determinará si estos proyectos de investigación finalmente reciben financiación.