Una propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para permitir que las prisiones estatales y locales bloqueen los teléfonos celulares de contrabando se enfrenta a la oposición de las compañías de telefonía móvil, que argumentan que la medida interrumpiría las comunicaciones legales. La propuesta, respaldada por fiscales generales republicanos y compañías telefónicas penitenciarias, tiene como objetivo frenar la actividad ilegal dentro de los centros penitenciarios, pero las compañías de telefonía móvil sostienen que la tecnología de bloqueo impide todas las comunicaciones, incluidas las llamadas de emergencia.

El grupo de presión de la industria inalámbrica CTIA declaró en los comentarios presentados a la FCC el 29 de diciembre que el bloqueo no discriminaría entre los dispositivos de contrabando y las comunicaciones legítimas. CTIA argumentó que la FCC carece de autoridad para permitir el bloqueo, citando la Ley de Comunicaciones, que prohíbe la interferencia con las comunicaciones de radio autorizadas. Los miembros AT&T y Verizon expresaron preocupaciones similares en presentaciones separadas ante la FCC. AT&T argumentó que el marco legal propuesto se basaba en una premisa fáctica errónea.

El debate se centra en el equilibrio entre las preocupaciones de seguridad dentro de las prisiones y el derecho del público a una comunicación fiable. Los defensores de la tecnología de bloqueo argumentan que es una herramienta necesaria para evitar que los reclusos coordinen actividades delictivas, intimiden a testigos y accedan a contenido ilegal. Los opositores, sin embargo, enfatizan el potencial de consecuencias no deseadas, como obstaculizar las respuestas de emergencia e interrumpir la comunicación para el personal y los visitantes de la prisión. Grupos dedicados al Wi-Fi y al GPS también expresaron su preocupación en comentarios a la FCC.

La propuesta de la FCC, encabezada por el presidente Brendan Carr, intenta eludir la prohibición de la Ley de Comunicaciones sobre la interferencia mediante la desautorización de ciertas comunicaciones dentro de las instalaciones penitenciarias. Este enfoque ha suscitado críticas de expertos legales que cuestionan la autoridad de la FCC para desactivar selectivamente las señales de comunicación. El debate también plantea cuestiones más amplias sobre el papel de la tecnología en la aplicación de la ley y el potencial de consecuencias no deseadas al implementar tecnologías que pueden interrumpir las redes de comunicación.

La FCC está revisando actualmente los comentarios recibidos y aún no ha anunciado un calendario para una decisión final. Es probable que la decisión de la agencia tenga importantes implicaciones para la seguridad de las prisiones, la seguridad pública y el futuro de la regulación de las comunicaciones inalámbricas.