El gobierno de Venezuela comenzó a liberar el jueves a presos políticos de dos cárceles conocidas, lo que marca la primera señal aparente de cambio por parte de la nueva administración desde que Estados Unidos detuvo al presidente Nicolás Maduro y afirmó el control sobre el país. Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la líder interina Delcy Rodríguez, anunció las liberaciones, pero no especificó el número exacto de personas que serían liberadas. Afirmó que el grupo incluiría tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros.

"Consideren este gesto del gobierno bolivariano, hecho con sinceras intenciones de paz, como la contribución que todos debemos hacer para que nuestra república pueda seguir viviendo en paz y luchando por la prosperidad", dijo Rodríguez, empleando un término utilizado por el gobierno para honrar a Simón Bolívar, líder de la independencia de Venezuela.

Hasta el jueves por la noche, se había confirmado la liberación de siete presos. Entre las primeras en ser liberadas se encontraba Rocío San Miguel, una destacada experta en seguridad venezolana que había investigado el gobierno autoritario del país hasta su detención en febrero de 2024. San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española.

Las liberaciones se producen en un momento de mayor tensión política en Venezuela, una nación que lidia con una crisis económica de larga data y acusaciones de abusos contra los derechos humanos bajo el liderazgo de Maduro. La reciente intervención de Estados Unidos ha complicado aún más la situación, atrayendo la condena de algunos actores internacionales que la consideran una violación de la soberanía venezolana. El término "bolivariano" en sí mismo es significativo, ya que hace referencia a una ideología política arraigada en los ideales de Simón Bolívar, quien luchó por la independencia del dominio español a principios del siglo XIX. Esta ideología ha sido una piedra angular de la política venezolana durante décadas, particularmente bajo el liderazgo de Hugo Chávez y, posteriormente, de Maduro.

La comunidad internacional está observando de cerca los acontecimientos en Venezuela. Las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos han pedido repetidamente la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y justas. La Unión Europea también ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia. Las liberaciones podrían interpretarse como un intento del gobierno interino de aliviar la presión internacional y demostrar un compromiso con la reforma. Sin embargo, el escepticismo persiste dada la historia de represión política del país.

El impacto a largo plazo de estas liberaciones sigue siendo incierto. El número de presos políticos en Venezuela ha fluctuado a lo largo de los años, y los grupos de derechos humanos estiman que cientos permanecen detenidos. El futuro del panorama político de Venezuela depende de si este gesto señala un cambio genuino hacia una mayor apertura y respeto por los derechos humanos, o simplemente una maniobra táctica en una compleja lucha de poder. Los próximos pasos tanto del gobierno interino como de Estados Unidos serán cruciales para determinar la trayectoria del país.