El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso que habría reducido significativamente la posible pena de prisión para el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado el año pasado por conspirar para un golpe de Estado. El veto se produjo en el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, donde partidarios de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales para protestar por la victoria de Lula en las elecciones de 2022.

El proyecto de ley, aprobado por el Congreso en diciembre, buscaba modificar el código penal de manera que disminuyera la severidad de las penas por delitos contra el estado democrático de derecho. Los críticos argumentaron que los cambios beneficiarían desproporcionadamente a las personas involucradas en los disturbios del 8 de enero y otros intentos de subvertir el proceso democrático. Los partidarios del proyecto de ley sostuvieron que su objetivo era corregir castigos excesivamente severos y garantizar una aplicación más justa de la ley.

Los disturbios, que tuvieron lugar una semana después de la toma de posesión de Lula, vieron a miles de manifestantes destrozar el Tribunal Supremo, el palacio presidencial y el Congreso Nacional, haciéndose eco del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. Los manifestantes pidieron la intervención militar para anular los resultados de las elecciones y reinstalar a Bolsonaro.

La administración de Lula ha calificado los disturbios como un ataque a la democracia brasileña y ha prometido responsabilizar a los culpables. Bolsonaro, que estaba fuera del país en el momento de los disturbios, ha negado cualquier participación en la planificación o ejecución de los hechos. Sin embargo, más tarde fue declarado culpable de abuso de poder y uso indebido de los canales de comunicación oficiales durante la campaña electoral de 2022, lo que lo inhabilitó para presentarse a cargos públicos hasta 2030.

El veto ahora devuelve el proyecto de ley al Congreso, donde los legisladores pueden anular la decisión de Lula con una votación mayoritaria en ambas cámaras. Se espera que el debate sobre el proyecto de ley sea muy polémico, lo que refleja las profundas divisiones políticas dentro de Brasil. La decisión probablemente influirá en los procedimientos legales contra Bolsonaro y otros implicados en los disturbios del 8 de enero.