Nueva Jersey se convirtió en el estado más reciente de Estados Unidos en restringir el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en las escuelas públicas, uniéndose a una creciente tendencia internacional para minimizar las distracciones en el aula. El gobernador Philip D. Murphy promulgó la ley el jueves en la escuela secundaria Ramsey, exigiendo que las juntas de educación locales establezcan políticas que prohíban los teléfonos celulares y otros dispositivos con acceso a internet durante la jornada escolar, con vigencia para el año académico 2026-27.
La legislación tiene como objetivo abordar las preocupaciones de que los estudiantes se vean desviados por distracciones digitales como mensajes de texto, redes sociales y juegos móviles. La medida recibió apoyo bipartidista en la Legislatura de Nueva Jersey después de que Murphy abogara por escuelas libres de teléfonos en su discurso sobre el Estado del Estado casi un año antes. "Digo esto más como padre de cuatro hijos que como gobernador", declaró Murphy antes de firmar el proyecto de ley. "Ojalá esta prohibición hubiera estado vigente hace mucho tiempo".
A nivel mundial, las preocupaciones sobre el impacto de los teléfonos inteligentes en la concentración y el bienestar de los estudiantes han llevado a enfoques variados. Francia implementó una prohibición nacional de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias en 2018. En el Reino Unido, las escuelas individuales tienen la autonomía para establecer sus propias políticas, y muchas optan por restringir el uso del teléfono durante el horario escolar. Debates y programas piloto similares están en marcha en países como Australia y Canadá, lo que refleja una lucha global con la integración de la tecnología en la educación.
La ley de Nueva Jersey impone a las juntas escolares locales la responsabilidad de determinar las reglas específicas y los mecanismos de aplicación. Este enfoque descentralizado refleja la estructura de gobernanza educativa común en los Estados Unidos, donde los estados y los distritos locales conservan un control significativo sobre la política educativa. La implementación de la prohibición será observada de cerca por educadores y legisladores tanto a nivel nacional como internacional, ya que buscan comprender el impacto en la participación de los estudiantes y el rendimiento académico. Es probable que la eficacia de la ley se mida por los cambios en los resultados de los exámenes de los estudiantes, la participación en el aula y los niveles de distracción reportados.
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