El desafío legal cobró impulso después de que dos bebés en Gambia murieran por complicaciones relacionadas con la MGF en el último año. Almameh Gibba, el parlamentario involucrado en el caso, presentó anteriormente un proyecto de ley al parlamento buscando despenalizar la MGF, pero fue derrotado.
La MGF, que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas, es una práctica cultural profundamente arraigada en muchas partes del mundo, particularmente en África, Oriente Medio y Asia. Según UNICEF, se estima que más de 200 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día han sido sometidas a alguna forma de MGF. En Gambia, casi el 75% de las mujeres han sido sometidas al procedimiento, a menudo durante la infancia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la MGF en cuatro tipos principales, que van desde la extirpación del capuchón del clítoris hasta el estrechamiento de la abertura vaginal. La práctica puede provocar graves consecuencias para la salud, como dolor crónico, infecciones, complicaciones durante el parto y traumas psicológicos.
El movimiento para erradicar la MGF ha ganado impulso internacional en las últimas décadas. Las Naciones Unidas han condenado la práctica como una violación de los derechos humanos, y numerosos países han promulgado leyes para prohibirla. Sin embargo, la aplicación sigue siendo un desafío, particularmente en las comunidades donde la MGF está profundamente arraigada en las tradiciones culturales.
Fatou Baldeh, fundadora de la organización gambiana de derechos Women in Liberation Leadership, considera el desafío legal actual como un revés para los derechos de las mujeres en el país. Activistas y abogados de todo el mundo han expresado su preocupación de que el caso en Gambia sea indicativo de una tendencia más amplia de erosión de las protecciones de género.
Se espera que el caso ante la corte suprema se reanude este mes. El resultado tendrá importantes implicaciones para el futuro de los derechos de las mujeres en Gambia y podría envalentonar esfuerzos similares para socavar las leyes contra la MGF en otros países. La situación está siendo monitoreada de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres.
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