Según un informe del New York Times, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump planea, al parecer, ignorar los beneficios para la salud que conlleva la reducción de la contaminación atmosférica al crear regulaciones para el ozono y las partículas finas, una medida que rompe con décadas de práctica establecida. Este cambio podría tener importantes implicaciones para la salud pública y el futuro de la regulación ambiental, priorizando potencialmente las consideraciones económicas sobre el bienestar de los ciudadanos.
Desde la administración Reagan, la EPA ha asignado un valor monetario a la vida humana para llevar a cabo análisis de costo-beneficio de los controles de la contaminación. Este enfoque permitió a la agencia sopesar los costos económicos de la reducción de la contaminación frente a los beneficios para la salud de la prolongación de la vida humana. Si los beneficios para la salud superaban los costos, proporcionaba una justificación económica para regulaciones más estrictas. Todas las administraciones desde Reagan han continuado con esta práctica.
El ozono y las partículas finas, también conocidas como PM2.5, se han relacionado con dolencias cardiovasculares como el asma, las enfermedades cardíacas y el enfisema. Los riesgos de la contaminación atmosférica se conocen desde hace décadas, lo que llevó a la fundación de la EPA bajo el mandato del presidente Richard Nixon. El mandato original de la EPA era proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la redacción y el cumplimiento de las regulaciones basadas en las leyes aprobadas por el Congreso.
Las posibles consecuencias del nuevo enfoque de la EPA son de gran alcance. Al no considerar ya el valor de la salud humana al regular la contaminación atmosférica, la agencia podría debilitar las regulaciones existentes y dificultar la aplicación de nuevas. Esto podría conducir a un aumento de los niveles de contaminación atmosférica, lo que provocaría mayores tasas de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y, en última instancia, una disminución de la salud pública en general.
La EPA aún no ha anunciado oficialmente su nueva política, pero el informe del New York Times sugiere que el cambio es inminente. Si la EPA sigue adelante con sus planes, es probable que se enfrente a impugnaciones legales por parte de grupos ecologistas y defensores de la salud pública. El resultado de estas impugnaciones podría determinar el futuro de la regulación de la contaminación atmosférica en Estados Unidos.
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