El gobierno militar de Myanmar ha rechazado las acusaciones de genocidio contra la minoría Rohingya, afirmando que el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, es "defectuoso e infundado". El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado a través de los medios estatales el miércoles, criticando la demanda presentada por Gambia.

La declaración afirmó que las alegaciones de Gambia se basan en informes sesgados y pruebas poco fiables, lo que las invalida según el derecho internacional. Ko Ko Hlaing, Ministro de la Unión de Myanmar para el Ministerio de la Oficina del Presidente, asistió a las audiencias de la CIJ.

Gambia presentó el caso en 2019, acusando a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 durante una represión militar en 2017 que obligó a más de 700.000 Rohingya a huir al vecino Bangladesh. Los Rohingya, un grupo étnico predominantemente musulmán, han enfrentado décadas de persecución y discriminación en Myanmar, una nación de mayoría budista. Se les ha negado la ciudadanía y muchos derechos básicos.

La CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, tiene la autoridad para resolver controversias entre estados. Si bien sus fallos son vinculantes, el tribunal carece de mecanismos directos de aplicación, y depende del Consejo de Seguridad de la ONU para su implementación.

El caso ha atraído la atención internacional a la difícil situación de los Rohingya y a la situación de los derechos humanos en Myanmar. Varias organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han documentado pruebas de atrocidades generalizadas cometidas contra los Rohingya, incluidos asesinatos, violaciones e incendios provocados.

Estados Unidos ha descrito las acciones del ejército de Myanmar contra los Rohingya como genocidio. Otros países y organismos internacionales también han condenado la violencia y han pedido que se rindan cuentas.

La CIJ ya ha emitido medidas provisionales ordenando a Myanmar que proteja a la población Rohingya de mayores daños. Los procedimientos actuales se centran en determinar si Myanmar ha violado la Convención sobre el Genocidio. Se espera que el caso continúe durante varios años.