El presidente Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota para sofocar las protestas provocadas por el tiroteo fatal de una mujer de Minneapolis por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una semana antes. La amenaza, publicada en Truth Social, citó preocupaciones sobre "agitadores e insurrectos profesionales" que atacan a los agentes de ICE.
La Ley de Insurrección es una ley federal, que data de 1807, que faculta al Presidente para desplegar tropas militares estadounidenses en suelo estadounidense para reprimir disturbios civiles, insurrección o rebelión. Trump declaró que instituiría la ley si los políticos de Minnesota no "obedecieran la ley" y detuvieran los supuestos ataques contra los agentes de ICE.
Las protestas estallaron tras la muerte de Renee Macklin Good, de 37 años, y se intensificaron tras un incidente separado el miércoles por la noche en el que agentes de ICE en Minneapolis dispararon a un inmigrante venezolano en la pierna durante un intento de arresto. Estos acontecimientos alimentaron manifestaciones a nivel nacional contra la presencia de ICE en Minnesota y en todo el país.
La Ley de Insurrección se ha invocado con moderación a lo largo de la historia de Estados Unidos. Según los expertos legales, su uso generalmente se reserva para situaciones en las que las autoridades estatales y locales no pueden o no quieren mantener el orden. Presidentes anteriores, como Abraham Lincoln durante la Guerra Civil y Dwight D. Eisenhower durante el Movimiento por los Derechos Civiles, han utilizado la ley.
Los críticos argumentan que invocar la Ley de Insurrección representaría un abuso del poder presidencial y una militarización innecesaria de la aplicación de la ley nacional. Sostienen que desplegar al ejército contra ciudadanos estadounidenses podría exacerbar las tensiones y socavar los derechos constitucionales a la protesta. Los partidarios, sin embargo, sostienen que la ley proporciona una herramienta necesaria para que el Presidente proteja la propiedad federal y garantice la seguridad pública en circunstancias extremas.
El gobernador de Minnesota aún no ha respondido directamente a la amenaza de Trump. Los expertos legales sugieren que cualquier intento de invocar la Ley de Insurrección probablemente enfrentaría desafíos legales, lo que podría conducir a una prolongada batalla judicial sobre el alcance de la autoridad presidencial. La situación sigue siendo fluida, con protestas en curso y tensiones elevadas entre las autoridades federales y las comunidades locales.
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