Tras la promesa de un segundo mandato del presidente Trump para frenar la migración legal y deportar a las personas que residen en los EE. UU. sin estatus legal, Minnesota ha surgido como un punto focal para examinar la implementación de las políticas de inmigración de su administración dentro de un estado con liderazgo demócrata. El tiroteo fatal de Renee Macklin Good la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) encendió la latente oposición a los agentes federales que operan en el estado.

Actualmente, más de 2000 agentes federales de inmigración están estacionados en Minnesota, con expectativas de que ese número aumente, según fuentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional. El miércoles por la noche, ocurrió otro incidente cuando un agente del ICE le disparó a un hombre en la pierna durante un intento de arresto de un inmigrante. Funcionarios de Seguridad Nacional declararon que los agentes fueron "emboscados y atacados" por otros dos individuos durante el incidente.

El aumento de la presencia y las acciones de los agentes federales de inmigración han suscitado críticas por parte de los demócratas de Minnesota, que tienen un poder político limitado frente a las políticas de la administración Trump. Si bien controlan la gobernación y la oficina del fiscal general del estado, los republicanos mantienen el control del senado estatal y tienen una influencia significativa en la cámara de representantes estatal. Este gobierno dividido crea desafíos para los demócratas que buscan contrarrestar la aplicación de la ley de inmigración federal.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha expresado públicamente su preocupación por las tácticas empleadas por los agentes del ICE, afirmando que su oficina está "monitoreando cuidadosamente la situación para garantizar que se protejan los derechos de todos los habitantes de Minnesota". Agregó que está comprometido a trabajar con organizaciones comunitarias para brindar asistencia legal a los afectados por las políticas de la administración.

Sin embargo, los legisladores republicanos en el estado han apoyado en gran medida las políticas de inmigración de la administración Trump, argumentando que son necesarias para hacer cumplir las leyes existentes y proteger la seguridad nacional. La senadora estatal Karin Housley, republicana, declaró que "es responsabilidad del gobierno federal hacer cumplir las leyes de inmigración, y debemos apoyar sus esfuerzos para hacerlo".

La situación en Minnesota destaca el debate nacional más amplio sobre la aplicación de la ley de inmigración y los desafíos que enfrentan los estados con diferentes ideologías políticas. Los líderes demócratas del estado están intentando navegar por un panorama complejo, equilibrando las preocupaciones de sus electores con la realidad de la autoridad federal. Se espera que los próximos meses traigan un mayor escrutinio de las prácticas de aplicación de la ley de inmigración en Minnesota, a medida que ambas partes continúan defendiendo sus respectivas posiciones.