El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, tras asegurarse un séptimo mandato, calificó a sus oponentes políticos como terroristas que supuestamente intentaron perturbar los resultados electorales mediante la violencia. Museveni, según los resultados oficiales, obtuvo el 72% de los votos en las recientes elecciones.

La legitimidad de las elecciones ha sido cuestionada por observadores electorales africanos y organizaciones de derechos humanos, que citan una importante supresión de la oposición y un apagón de Internet a nivel nacional durante el período de votación. El paradero del líder de la oposición, Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, seguía sin estar claro tras su afirmación del sábado de que había evadido una redada policial en su residencia y se encontraba escondido. Wine obtuvo el 25% de los votos.

Los funcionarios de policía han negado haber realizado una redada en la casa de Wine, afirmando que todavía se encontraba en la residencia. Sin embargo, según los informes, se impidió a los periodistas acceder a la propiedad.

La victoria de Museveni extiende su mandato a cuatro décadas, consolidando su posición como uno de los líderes más longevos de África. Las elecciones se celebraron en un contexto de mayor tensión política y restricciones al acceso de los medios de comunicación. El gobierno defendió el cierre de Internet como una medida necesaria para evitar la difusión de información errónea y mantener el orden durante el período electoral.

Kyagulanyi, una estrella del pop convertida en político, se ha erigido como un importante rival del gobierno de Museveni, especialmente entre los votantes más jóvenes. Ha acusado repetidamente al gobierno de manipular las elecciones y de utilizar las fuerzas de seguridad del Estado para intimidar a sus partidarios.

La Unión Africana y otros organismos internacionales han pedido una investigación exhaustiva de las denuncias de irregularidades electorales y abusos contra los derechos humanos. Estados Unidos y la Unión Europea también han expresado su preocupación por la conducta de las elecciones y han instado al gobierno ugandés a respetar los derechos de sus ciudadanos. La situación actual sigue siendo tensa, con la oposición considerando su próximo curso de acción y la comunidad internacional vigilando de cerca los acontecimientos.