El primer año de Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, que comenzó el 20 de enero de 2025, estuvo marcado por una serie de decisiones políticas y eventos que suscitaron fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Una de las primeras acciones más significativas fue la reimplementación de aranceles sobre el acero y el aluminio importados, una medida destinada a impulsar la manufactura estadounidense. Los aranceles, con un promedio del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio, provocaron críticas inmediatas de la Unión Europea, Canadá y otros socios comerciales, quienes argumentaron que las medidas violaban los acuerdos comerciales internacionales. "Estos aranceles son una clara violación de las normas de la OMC y perjudicarán el comercio mundial", declaró Cecilia Malmström, entonces Comisaria de Comercio de la UE, en una conferencia de prensa tras el anuncio. La administración Trump, sin embargo, mantuvo que los aranceles eran necesarios para la seguridad nacional, citando preocupaciones sobre la disminución de la producción de acero estadounidense.

Otro momento clave fue la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático Internacional en abril. Esta decisión revirtió el compromiso del país de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud del histórico acuerdo de 2015. Los partidarios de la retirada, principalmente dentro del Partido Republicano, argumentaron que el acuerdo imponía una carga injusta a la economía estadounidense. "El Acuerdo de París fue un mal negocio para Estados Unidos, que nos costó empleos y obstaculizó nuestro crecimiento económico", dijo el senador James Inhofe (R-OK), un crítico de larga data del acuerdo. Grupos ambientalistas y líderes internacionales condenaron la decisión, advirtiendo de su potencial impacto en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. "Este es un grave error que socava los esfuerzos globales para abordar la crisis climática", declaró António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas, en una declaración emitida poco después del anuncio.

A nivel nacional, la administración se centró en la reforma fiscal, promulgando en julio una legislación que redujo significativamente las tasas del impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas físicas. Los defensores argumentaron que los recortes de impuestos estimularían el crecimiento económico y crearían empleos. Los críticos, sin embargo, sostuvieron que los recortes de impuestos beneficiaban desproporcionadamente a los ricos y aumentarían la deuda nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los recortes de impuestos añadirían billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década.

A lo largo del año, la administración también se enfrentó al escrutinio sobre sus políticas de inmigración, particularmente en lo que respecta a la seguridad fronteriza y el trato a los solicitantes de asilo. El aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley condujo a un aumento de las deportaciones y a una mayor tensión a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Estas políticas suscitaron críticas de organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas, quienes acusaron a la administración de violar las leyes internacionales de derechos humanos.

Al concluir el primer año, los impactos a largo plazo de estas políticas seguían siendo objeto de debate e incertidumbre. La administración señaló su intención de seguir adelante con su agenda "Estados Unidos Primero", prometiendo nuevas acciones en materia de comercio, inmigración y otras cuestiones clave. Se esperaba que las próximas elecciones de mitad de mandato sirvieran como un referéndum sobre las políticas y la dirección de la administración.