La presentación argumenta que existen motivos razonables para sancionar a Netanyahu, citando declaraciones anteriores en las que rechazó un Estado palestino. El equipo legal sostiene que estas declaraciones, entre otras, constituyen incitación y contribuyen al conflicto en curso y a la crisis humanitaria.

Las sanciones, en el derecho internacional, son medidas coercitivas tomadas por uno o más estados contra otro estado, entidad o individuo. Estas pueden variar desde restricciones económicas, como la congelación de activos y los embargos comerciales, hasta la prohibición de viajar. La capacidad del Reino Unido para imponer sanciones se rige por la Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Dinero de 2018, que permite al gobierno implementar sanciones para cumplir con las obligaciones internacionales o para otros fines, como promover la paz y la seguridad o prevenir las violaciones de los derechos humanos.

La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo confirmó la recepción de la solicitud, pero declinó hacer comentarios sobre casos específicos. Un portavoz declaró que todas las decisiones sobre sanciones se toman tras una cuidadosa consideración de las pruebas disponibles y el asesoramiento jurídico, respetando el derecho internacional y el propio marco jurídico del Reino Unido.

La iniciativa de AOHR Reino Unido se produce en medio de un creciente escrutinio internacional de las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania. Varias organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos cometidos tanto por las fuerzas israelíes como por Hamás. La Corte Penal Internacional está investigando actualmente presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados.

Es probable que la solicitud de sanciones contra Netanyahu se enfrente a importantes obstáculos políticos y legales. El gobierno del Reino Unido ha sido históricamente un firme aliado de Israel, y la imposición de sanciones a su primer ministro representaría un cambio significativo en la política. Además, probar la incitación al genocidio en virtud del derecho internacional es un listón muy alto, que requiere pruebas de incitación directa y pública con la intención específica de destruir a un grupo protegido.

El estado actual de la solicitud es que está siendo revisada por la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo. No está claro cuánto tiempo durará el proceso de revisión ni cuál será el resultado. Es probable que la decisión se vea influida por una serie de factores, entre ellos consideraciones jurídicas, cálculos políticos y la evolución de la situación sobre el terreno en Gaza y Cisjordania.