El presidente Donald Trump ha designado al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia, reavivando un esfuerzo de larga data para poner el territorio bajo control estadounidense. La medida, actualizada el 20 de enero de 2026 a las 8:00 PM UTC, ha sido recibida con una rápida condena por parte de Dinamarca y Groenlandia, quienes conjuntamente afirmaron que el derecho internacional protege su soberanía y sus fronteras. Trump ha declarado repetidamente que la adquisición de Groenlandia es crucial para la seguridad nacional estadounidense.

El renovado interés de Trump en Groenlandia, que se remonta a su primer mandato, se ha intensificado durante el segundo, lo que refleja la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración. Esta estrategia prioriza el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y tiene como objetivo reducir la influencia china y rusa, particularmente en la región ártica. Si bien Estados Unidos ya mantiene una estrecha cooperación militar con Groenlandia y Dinamarca, el enfoque de Trump ha sido percibido por algunos como agresivo y perturbador de las normas diplomáticas establecidas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su apoyo a Dinamarca y Groenlandia, sumándose al coro de líderes europeos críticos con la búsqueda de Trump. La situación subraya la compleja dinámica geopolítica del Ártico, una región de creciente importancia estratégica debido a sus recursos naturales y al cambio climático. El Consejo Ártico, un foro intergubernamental que promueve la cooperación entre los estados árticos, ha servido tradicionalmente como plataforma para abordar los problemas regionales a través de la diplomacia y el consenso. El enfoque unilateral de Trump, sin embargo, amenaza con socavar este marco cooperativo.

El concepto de que Estados Unidos adquiera Groenlandia no es nuevo. Existen precedentes históricos, incluida la compra de Alaska a Rusia por parte de Estados Unidos en 1867. Sin embargo, el contexto moderno, marcado por una mayor preocupación por la soberanía nacional y el derecho internacional, hace que tal transacción sea mucho más compleja. La población indígena inuit de Groenlandia, que tiene un grado significativo de autogobierno, también debería ser consultada en cualquier posible transferencia de soberanía.

El nombramiento del gobernador Landry señala la intención de la administración Trump de perseguir activamente su agenda de Groenlandia. Los próximos pasos siguen sin estar claros, pero son posibles nuevas negociaciones diplomáticas, posibles incentivos económicos y una continua presión política. La situación está siendo monitoreada de cerca por gobiernos y organizaciones internacionales de todo el mundo, ya que tiene implicaciones para la seguridad del Ártico, el derecho internacional y el futuro de la propia Groenlandia.