Natanson no es objeto de la investigación. El FBI ejecutó una orden de registro en su residencia la semana pasada como parte de una investigación sobre supuestas filtraciones por parte de un contratista del Pentágono. The Washington Post presentó una moción solicitando la devolución de la propiedad de la reportera y una moción separada para una orden de suspensión para evitar la revisión de los dispositivos incautados hasta que el tribunal se pronuncie sobre su devolución.

Según una presentación judicial del Post, "Casi ninguno de los datos incautados es siquiera potencialmente relevante para la orden judicial, que busca únicamente registros recibidos de o relacionados con un único contratista gubernamental". La presentación argumentó además que los datos incautados incluyen material protegido por la Primera Enmienda.

Los procedimientos legales plantean interrogantes sobre el equilibrio entre los intereses de seguridad nacional y la protección de la libertad de prensa. El gobierno aún no ha comentado públicamente sobre las acusaciones específicas ni sobre la justificación de la orden de registro.

Se celebrarán más procedimientos para determinar si la búsqueda puede reanudarse o si el gobierno debe devolver los dispositivos. Es probable que la decisión del tribunal tenga implicaciones para la investigación en curso y la cuestión más amplia de la vigilancia gubernamental de periodistas.