Natanson no es objeto de la investigación. El FBI ejecutó una orden de allanamiento en su residencia la semana pasada como parte de una investigación sobre supuestas filtraciones por parte de un contratista del Pentágono. The Washington Post presentó una moción solicitando la devolución de la propiedad de la reportera, junto con una moción separada para una orden de suspensión para evitar la revisión de los dispositivos incautados en espera de una decisión judicial sobre su devolución.

Según una presentación judicial del Post, "Casi ninguno de los datos incautados es siquiera potencialmente relevante para la orden, que busca únicamente registros recibidos de o relacionados con un único contratista gubernamental". La presentación afirmó además que los datos incautados incluyen material protegido por la Primera Enmienda.

Los procedimientos legales plantean interrogantes sobre el equilibrio entre los intereses de seguridad nacional y la protección de la libertad de prensa. El gobierno aún no ha comentado públicamente sobre los detalles del caso, citando la investigación en curso.

Se celebrarán más procedimientos para determinar si la búsqueda puede reanudarse o si el gobierno debe devolver los dispositivos incautados. La decisión del tribunal probablemente tendrá implicaciones para la relación entre el gobierno y la prensa en las investigaciones que involucren posibles filtraciones de información clasificada.