En Estados Unidos, la regulación de la inteligencia artificial alcanzó un momento crítico a finales de 2025, culminando con la firma por parte del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva el 11 de diciembre que tenía como objetivo limitar la capacidad de los estados individuales para promulgar sus propias leyes de IA. La orden se produjo tras dos intentos fallidos por parte del Congreso de aprobar legislación que prohibiera la regulación de la IA a nivel estatal. Trump declaró su intención de colaborar con el Congreso en una política nacional de IA que fuera menos restrictiva y estuviera diseñada para fomentar el liderazgo estadounidense en el ámbito mundial de la IA.

La acción ejecutiva fue vista en gran medida como una victoria para las grandes empresas tecnológicas, que han gastado importantes sumas en presionar contra las regulaciones a nivel estatal, argumentando que un panorama regulatorio fragmentado impediría la innovación. Estas empresas han afirmado que es necesario un enfoque federal unificado para permitir que Estados Unidos compita eficazmente con países como China y la Unión Europea, que también están lidiando con la forma de regular la IA.

El debate sobre la regulación de la IA refleja una discusión global más amplia sobre las implicaciones éticas y sociales de las tecnologías de IA que avanzan rápidamente. En Europa, la UE está avanzando con la Ley de IA, un marco regulatorio integral que tiene como objetivo establecer estándares para el desarrollo y la implementación de la IA, con un enfoque en la gestión de riesgos y la supervisión humana. Este enfoque contrasta con la postura más favorable a la industria defendida por algunos en los Estados Unidos, que temen que las regulaciones excesivamente estrictas puedan sofocar la innovación y el crecimiento económico.

Se espera que el próximo año, 2026, la batalla por la regulación de la IA se traslade al sistema judicial estadounidense. Si bien algunos estados pueden optar por abstenerse de aprobar leyes específicas de IA a la luz de la intervención del gobierno federal, es probable que otros sigan adelante, impulsados por la preocupación pública por cuestiones como el impacto de los chatbots impulsados por IA en los niños y las consecuencias ambientales de los centros de datos de uso intensivo de energía.

Además, se espera que el panorama político se vea fuertemente influenciado por las importantes contribuciones financieras de ambos lados del debate. Los Super PAC financiados por líderes de la industria tecnológica y aquellos que abogan por la seguridad de la IA están preparados para gastar millones de dólares en las contiendas del Congreso, buscando dar forma a la composición de los legisladores que, en última instancia, decidirán el futuro de la regulación de la IA en los Estados Unidos. Esta afluencia de dinero pone de relieve lo mucho que hay en juego y las profundas divisiones que existen sobre la mejor manera de gestionar los riesgos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial.