La economía de Myanmar enfrenta una mayor incertidumbre a medida que el gobierno militar avanza con unas elecciones ampliamente criticadas. Se espera que la votación escenificada, que se desarrolla en fases, desestabilice aún más el entorno empresarial ya debilitado por el golpe de Estado de 2021.
Los analistas predicen que la inversión extranjera probablemente se mantendrá estancada, y que las empresas existentes se enfrentarán a desafíos operativos debido a los continuos disturbios civiles. El Banco Mundial proyecta que el crecimiento del PIB de Myanmar seguirá siendo moderado a corto plazo, citando la inestabilidad política y el conflicto como impedimentos importantes. También se espera que el comercio con socios clave se vea afectado, lo que podría perturbar las cadenas de suministro y aumentar los costes de importación.
Muchos observadores internacionales consideran que las elecciones son un intento de la junta de legitimar su gobierno en medio de un devastador punto muerto. Sin embargo, la exclusión de los principales partidos políticos y el encarcelamiento de los líderes de la oposición ensombrecen el proceso. Los informes de explosiones y ataques aéreos durante la primera ronda de votaciones subrayan la volátil situación de seguridad, lo que disuade la actividad empresarial tanto nacional como extranjera.
La economía de Myanmar ha estado en crisis desde que los militares tomaron el poder, revirtiendo años de progreso económico. La industria de la confección, una importante fuente de ingresos por exportaciones, se ha visto particularmente afectada. El turismo se ha derrumbado y muchas empresas extranjeras se han retirado o han reducido sus operaciones.
De cara al futuro, se espera que el clima empresarial en Myanmar siga siendo difícil. Es poco probable que el resultado de las elecciones resuelva la crisis política subyacente, y el riesgo de una mayor perturbación económica sigue siendo alto. Las empresas que operan en Myanmar tendrán que desenvolverse en un entorno complejo e incierto, teniendo en cuenta los riesgos políticos, los problemas de seguridad y las posibles sanciones.
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